Un estudio jurídico judicializó el caso del cobro por parte de la Tesorería General de la República (TGR) a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).
La iniciativa fue encabezada por el abogado Héctor Anabalón, de HAZ Abogados, desde donde acusan que el eventual embargo de bienes a los deudores sería ilegal.
Los recursos de protección presentados ante la Corte de Apelaciones de San Miguel apuntan contra los cobros que la TGR está intentando ejecutar por el CAE, mediante la vía de embargo propia del Código Tributario.
Ante este planteamiento, la tesis del recurso es que el CAE no es un impuesto ni una deuda tributaria, sino un crédito educacional regulado por la Ley N° 20.027, por lo que Tesorería no tendría facultades para cobrarlo usando el procedimiento excepcional de ejecución y embargo del Título V del Código Tributario.
Según la presentación, la autoridad estaría aplicando a una deuda educacional un régimen de cobro “gravado”, reservado legalmente para deudas tributarias o créditos expresamente sometidos a ese estatuto.
El recurso también afirma que la propia ley del CAE remite a las reglas generales de cobranza judicial y extrajudicial de los títulos respectivos, no al privilegio especial que permite a Tesorería despachar por sí sola el mandamiento de ejecución y embargo anunciado por el Gobierno.
“En otras palabras, la TGR estaría actuando como ‘supercobrador’ sin habilitación legal expresa”, indicaron desde HAZ Abogados.
El recurso advierte, además, que esta práctica amenaza directamente los derechos de propiedad y la igualdad ante la ley, porque somete a deudores del CAE a un mecanismo de cobro más agresivo que el previsto por la legislación especial del crédito estudiantil, habilitando el requerimiento de pago, embargo e incluso el uso de fuerza pública.
