Como un funeral con inminente riesgo es catalogado el entierro de Jaime Uribe Montiel, pareja de la autodenominada machi Millaray Huichalaf. Su muerte generó diferencias históricas y culturales entre las comunidades del sector, quienes se niegan a que sea sepultado en lo que ellos consideran tierra sagrada.
Según información de Inteligencia a la accedió Bío Bío Investiga, el conflicto se centra en que las comunidades lepuneras —que históricamente han habitado la zona— se oponen categóricamente a “la inhumación de Uribe Montiel en el cementerio de Maihue”. El camposanto es administrado por las propias comunidades.
De acuerdo con las alertas que han sido elevadas al Ejecutivo, los lepuneros ven a Uribe y Huichalaf como una figura ajena a las comunidades que habitan la zona. De hecho, argumentan que el recinto es catalogado como un “espacio sagrado de uso restringido a linajes territoriales históricos”.
Conflicto histórico
Según miembros de las comunidades, Uribe es oriundo de Hornopirén. Por geografía, no le corresponde hacer uso del cementerio de aquella zona de Los Ríos. Desde que se radicó en la zona, se erigió como un activo defensor del territorio Mapuche Williche. En mayo de 2025, cuando fue detenido, generó alertas internacionales que lo catalogaron por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) como parte de un “patrón de criminalización”. Su lucha, al igual que Millaray, se centró en oponerse al proyecto hidroeléctrico Los Lagos (Statkraft) en el río Pilmaiquén.
“Su figura no era solo la de un comunero, sino la de un soporte estratégico y político para la lof en resistencia”, se lee en las alertas enviadas al gobierno.
El conflicto histórico también se relaciona directamente con Millaray Huichalaf. La autodenominada machi que se ha opuesto desde 2011 a las centrales hidroeléctricas del sector. No sólo ha enfrentado procesos judiciales y prisión preventiva en 2013, también es la líder del aylla rewe. El problema —y tal como reveló esta Unidad de Investigación— es que su postura no va en la misma línea que las comunidades del sector.
“Su liderazgo se asocia a una postura de “autodefensa” y control territorial firme. En cambio, las comunidades lepuneras apelan a linajes territoriales históricos y usos restrictivos del espacio sagrado“, expone el oficio.
Tanto Uribe como Huichalaf han sido rechazados por las comunidades al tomar e instalarse en terrenos sagrados para los que allí habitan, instaurando costumbres religiosas que van en contra de las creencias locales.
Transgresión espiritual
Las alertas exponen que las comunidades lepuneras “podrían adoptar una posición beligerante de negación activa frente a la inhumación”.
“Es un criterio de pertenencia territorial, dado que el fallecido no sería reconocido como miembro de las comunidades históricas del sector, lo que implica su exclusión de los usos tradicionales del cementerio”, dicen las fuentes consultadas.
Asimismo, el espacio que ellos consideran sagrado, podría ser “interpretada como una transgresión espiritual y cultural”. “A ello se suma un historial de conflictividad con el grupo asociado a la machi, lo que refuerza la percepción de amenaza y legitima una lógica de defensa activa del territorio”.
Para reafirmar su postura enviaron una carta el 12 de abril al mayor de Carabineros, Juan Cáceres. Allí exponen que Millaray junto a su gente son “foráneos” y no “pertenecen ni han pertenecido históricamente a las comunidades indígenas”. Por lo mismo, exigían presencial policial, sobre todo para resguardar al panteonero.
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“Falta de respeto”
Dos días después de dicha misiva, el 14 de abril, seis comunidades, entre ellas, la liderada por Millaray Huichalaf (Werken Aylla Rewe Ngen Mapu Kintuantü), enviaron un escrito al seremi de Seguridad Pública de Los Ríos, Juan Meléndez. Explicaron que Jaime Uribe sí tenía derecho de ser sepultado en Maihue.
En primer lugar expusieron que al interior del cementerio cada familia que habita la zona tiene un espacio definido en “virtud a sus lazos de sangre, pertenencia territorial y reconocimiento comunitario”. Según ellos, el “árbol genealógico” de Millaray tiene un espacio que se basa en un título de Merced de 1913.
“Ha sido una práctica histórica y ampliamente reconocida en este territorio que, cuando una persona proveniente de fuera forma familia con un integrante de los troncos familiares que hacen uso del cementerio, dicha persona pasa a formar parte de esa comunidad familiar y adquiere el derecho a ser sepultada junto a su familia”, redactaron.
A su juicio, como Uribe era un miembro activo de la comunidad indígena del Roble, eso refuerza aún más “su vínculo orgánico con el territorio”.
“Impedir a una familia enterrar a su ser querido en el lugar donde descansan sus antepasados es una afrenta a la dignidad humana y a los propios valores que sustentan la cultura mapuche williche. La manipulación de un espacio sagrado con fines que responden a disputas ajenas al duelo constituye una falta de respeto inaceptable”, argumentaron.
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Cortejo fúnebre
El entierro de Uribe estaba pronosticado para el mediodía de este miércoles, sin embargo, hasta el cierre de esta edición, las comunidades mantenían el tránsito cortado.
Según pudo constatar La Radio, las comunidades lepuneras se instalaron con banderas y pancartas en la entrada del cementerio. El objetivo era impedir que el cortejo fúnebre llegara al cementerio.
El cortejo sólo logró llegar a la entrada. Eran aproximadamente seis camionetas y caballos. Entre gritos y banderas mapuches comenzó a generarse el altercado.
