Una grave denuncia de abuso sexual se registró al interior de una residencia familiar en Concepción, región del Bío Bío. Una menor de edad habría sido abusada por compañeros de residencia.
El caso se registró al interior de un hogar bajo protección del Estado, en el que se vulneraron los derechos de la víctima, un adolescente de 15 años.
Según antecedentes a los que tuvo acceso La Radio, cuatro adolescentes entre los 15 y 17 años, compañeros de residencia, estarían involucrados, grabando incluso el ataque.
La directora regional del Servicio de Protección, Andrea Saldaña, indicó que al tomar conocimiento de la grave situación se activaron los protocolos.
Violencia en residencia
“Ocurrió una situación de suma gravedad al interior de una residencia de Concepción, la cual involucró a un grupo de adolescentes que forman parte de la red de protección”, detalló Saldaña.
Agregó que “inmediatamente, el equipo residencial activó los protocolos asociados a contingencias de estas características, que consideran la coordinación con policías, tribunales de familia, Ministerio Público y los servicios de salud. Como servicio, instruimos una supervisión de urgencia a la residencia y accionamos las medidas necesarias para resguardar la seguridad de los adolescentes involucrados”.
Al tratarse de una situación gravísima que involucra a menores de edad, no se revelarán los detalles de la agresión.
La abogada Paola Bustamante, del Programa Mi Abogado, que representa a todos los niños, niñas y adolescentes vulnerados en residencias de protección, dijo que “esta es una información que es reservada, toda vez que es materia de investigación, pero sí, efectivamente se produce una situación que vulnera la indemnidad sexual de uno de nuestros representados”.
Acusados sin formalizar
“Es una situación muy grave y compleja de abordar porque todos son menores de edad. Ahora, más allá de la persecución penal, que es algo que en definitiva va a ver el Ministerio Público, nosotros desde la curaduría oportunamente solicitamos las medidas cautelares y los traslados de los agresores”, sentenció la abogada.
La abogada expuso que se trata de una crisis residencial. Al no contar con hogares especializados según los requerimientos de los menores de edad, entre ellos, adolescentes con discapacidad, infractores de ley, víctimas de delitos y otros.
Finalmente, la víctima se encuentra con acompañamiento psicológico y representación legal, mientras que los agresores no se encuentran formalizados, pero sí se interpuso una medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima a la espera de la investigación que se encuentra en curso en sede penal, liderada por la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI.
