La disputa por el ajuste fiscal del Gobierno sumó un nuevo frente: un grupo transversal de diputados acudió al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para denunciar lo que califican como una “amenaza” de eliminar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), de la Junaeb, una de las políticas más extendidas del sistema educativo chileno.
La ofensiva —encabezada por Luis Cuello (PC) y respaldada por parlamentarios del PS, DC y PC— se materializó en una carta dirigida a Violet Speek-Warnery, en la que piden al organismo pronunciarse ante lo que consideran un eventual retroceso en derechos básicos de niños, niñas y adolescentes.
La acción se produce pese a las aclaraciones del presidente José Antonio Kast, que, según los parlamentarios, no bastan para despejar el riesgo mientras el documento siga vigente.
Diputados recurren a UNICEF por “amenaza” de recorte en alimentación Junaeb
El punto de partida es la Circular N°16 del Ministerio de Hacienda, emitida en el marco de la formulación del Presupuesto 2027 y la proyección financiera 2028-2031. El polémico documento incluía recomendaciones para descontinuar programas del Ministerio de Educación, entre ellos el PAE, ejecutado por la Junaeb.
Aunque desde el Ejecutivo criticaron la filtración de documentos internos y destacaron que se trata solo de sugerencias, la señal técnica encendió las alarmas en la oposición, que interpreta la medida como parte de un rediseño más amplio del gasto público.
En concreto, los parlamentarios vinculan esta recomendación con la estrategia fiscal del Gobierno de José Antonio Kast, particularmente con su agenda tributaria. A su juicio, existiría un equilibrio implícito: menores ingresos por rebajas impositivas a grandes empresas, compensados con recortes en programas sociales.
Por ello, enviaron una carta a UNICEF pidiendo pronunciamiento al respecto.
El diputado Luis Cuello (PC) , uno de los impulsores de la acción, apuntó directamente al impacto de la medida:
“La sola amenaza de suprimir el programa de alimentación escolar que hoy día beneficia a cerca de 2 millones de niños, niñas y adolescentes, vulnera el derecho a la alimentación que está consagrado en tratados internacionales”, afirmó, criticando que “acá se está traspasando un límite ético al pretender ahorrar dinero a costa de los niños para luego entregar recursos por la vía de la rebaja de impuestos a grandes empresas”, añadió.
Desde el Partido Socialista, el diputado Juan Santana reforzó el argumento, poniendo el foco en lo que considera una mirada reduccionista del Ejecutivo:
“Lo que hemos visto por parte del gobierno en los últimos días no solo es indolencia y desconocimiento de la entidad de la alimentación escolar, es también una mirada economicista de esta importante política pública”. Agregó que “se están centrando en la evaluación financiera del programa, pero obviando totalmente el beneficio social que trae aparejado”.
Más que un programa: el rol del PAE
Para los parlamentarios, el Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb no solo cumple una función nutricional, sino que además, es un soporte estructural para la permanencia escolar, especialmente en contextos vulnerables. Por ello, su eventual eliminación —o incluso reducción significativa— tendría efectos que van más allá del presupuesto.
En la carta, los diputados subrayan que las declaraciones públicas del presidente no tienen efecto jurídico mientras la circular siga vigente, lo que —según plantean— mantiene abierta la posibilidad de recortes efectivos.
En esa línea, los diputados solicitaron que el organismo evalúe un pronunciamiento que reafirme la obligación del Estado de no retroceder en la garantía del derecho a la alimentación.
La carta fue firmada por Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Patricio Pinilla (DC) y las diputadas Daniela Serrano (PC) y Lorena Pizarro (PC).
