El concejal de Buin, Diego Calderón, denunció que directivos de la Corporación de Desarrollo Social de la comuna, incluida su secretaria general, habrían incurrido en una práctica de despido y recontratación inmediata. Según el edil, los involucrados percibieron, en conjunto, cerca de $144 millones en pagos por indemnizaciones sin que existiera una real interrupción de sus funciones.
Calderón sostuvo que pasó cuatro meses requiriendo información tanto al alcalde, Miguel Araya, como a la propia corporación. Incluso, señaló que inicialmente los antecedentes solicitados formalmente no le fueron entregados de manera oportuna.
“Resulta que seis directivos de la corporación, incluida su secretaria general, tenían una mala práctica. Se despedían, se pagaban millonarias indemnizaciones o por concepto de finiquito y luego se recontrataban el día siguiente”, acusó el concejal.
Al respecto, Calderón expresó: “Esto es inaceptable, es ilegal, es irregular. Podría incluso ser constitutivo de delitos”. Debido a la gravedad de los hallazgos, el edil presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que se realice la investigación de rigor.
Además, junto con otros concejales, convocó a una sesión extraordinaria de Concejo Municipal para el lunes 27 de abril.
“Esto es grave, es delicado y requiere de la mayor rigurosidad para que se pueda investigar y que el alcalde pueda adoptar las medidas necesarias para ponerle fin a esto“, afirmó.
Detalles de la denuncia del concejal de Buin
En la acción penal presentada ante la Fiscalía Local de San Bernardo, el concejal Calderón denunció a quienes resulten responsables por los delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y negociación incompatible.
El edil indicó que, desde al menos enero, tanto el alcalde como el administrador de la corporación municipal le denegaron la información solicitada, postergándola “hasta un eventual pronunciamiento de la Contraloría“.
No fue hasta el 9 de abril que el concejal tuvo acceso a las copias de los finquitos de seis directivos de la Corporación de Desarrollo Social, los cuales -según la denuncia- “evidencian un patrón reiterado y uniforme de término de contrato sin interrupción real de funciones, con pago de cuantiosas indemnizaciones“.
En el caso de la secretaria general, la denuncia detalla tres finiquitos que superan los $51 millones. Por su parte, otro directivo registra más de $34 millones en finiquitos y $13 millones adicionales por emisión de boletas de honorarios. Respecto a los otros cuatro directivos restantes, los montos por concepto de término de contrato ascienden a $18 millones, $16 millones, $12 millones y $10 millones, respectivamente.
En total, el monto cuestionado solo por concepto de finiquitos asciende a $143.875.696, cifra que incluye los pagos por boletas de honorarios mencionados.
Consultados por BioBioChile, desde el municipio de Buin evitaron referirse al tema.
Sesión extraordinaria del Concejo Municipal
Al inicio de Sesión Extraordinaria N°72 del 27 de abril, el alcalde de Buin, Miguel Araya, señaló que, ante la denuncia, se reunió con el equipo de la corporación el viernes pasado y envió un oficio “solicitando mucha información” para presentarla al directorio de la corporación.
“Tienen ellos (la Corporación de Desarrollo Social) 15 días para entregarme toda la información, los requerimientos de acuerdo a la denuncia que usted (el concejal Calderón) efectuó, y nosotros, una vez que tengamos la reunión con la directora de la corporación, nosotros vamos a tomar las medidas que sean necesarias”, aseguró el jefe comunal.
Asimismo, Araya sostuvo que se instruyó la preparación de carpetas basadas en la denuncia presentada para que se realice la entrega respectiva de antecedentes al Ministerio Público.
A través de su Instagram, el concejal Calderón valoró el consenso alcanzado en la sesión para avanzar en mayor transparencia y la solicitud de antecedentes por parte del alcalde. No obstante, el edil se mostró disconforme respecto a otro punto clave.
“No se aclaró si el alcalde estaba en conocimiento de estos finiquitos, ni si autorizó o no sus pagos. Esa es una definición clave que la comunidad necesita conocer”, manifestó Calderón.
Por su parte, desde el Ministerio Público confirmaron a BioBioChile que los hechos denunciados ya están bajo investigación y que se mantiene a la espera de la recepción de antecedentes.
