En medio de una serie de episodios reportados en nuestro país donde amenazas de tiroteos o atentados han derivado en evacuaciones y suspensión de clases, los diputados Roberto Arroyo (PSC) y Catalina del Real (REP) presentaron un proyecto de ley que apunta a sancionar este tipo de conductas.
La iniciativa propone crear un delito autónomo en el Código Penal para castigar a quienes difundan, de manera consciente, mensajes que adviertan supuestos ataques —como tiroteos o explosivos— en establecimientos educacionales, centros de salud o dependencias del Estado, siempre que estos estén dirigidos a una colectividad y generen alarma pública.
Recordemos que este tipo de amenazas ha ido en aumento en el último tiempo, provocando operativos policiales, interrupción de servicios y preocupación entre apoderados y comunidades educativas, pese a que en muchos casos se trata de advertencias falsas.
En ese contexto, los parlamentarios argumentan que existe un vacío legal que dificulta perseguir penalmente estos hechos.
“Hoy existe un vacío legal frente a este tipo de amenazas que no apuntan a una persona en particular, sino que generan temor en comunidades completas. No podemos permitir que se sigan normalizando situaciones que paralizan colegios, centros de salud y servicios públicos”, sostuvo Arroyo.
En la misma línea, Del Real recalcó la necesidad de avanzar en una legislación específica ante las amenazas de tiroteos.
“No podemos seguir normalizando amenazas que generan pánico en comunidades completas, especialmente en colegios y centros de salud. Aquí hay niños, familias y trabajadores que merecen sentirse seguros, y el Estado tiene el deber de actuar con firmeza”, afirmó.
El proyecto surge en un contexto donde autoridades han debido activar protocolos de seguridad ante avisos de ataques que, aunque falsos, implican un alto despliegue de recursos y afectan el normal funcionamiento de recintos públicos.
