Más de medio millón de personas originarias de Venezuela solicitaron protección internacional en Perú, una cifra que redefine la escala del fenómeno migratorio y que ahora cobra nueva relevancia para la agenda política y social de Chile.
El movimiento de población en la región muestra dimensiones inéditas, mientras ambos países ajustan sus políticas y estrategias ante la presión sobre la frontera común.
El fenómeno migratorio venezolano dejó de ser solo una cuestión de desplazamiento para convertirse en un asunto central de protección y política pública. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de 500.000 solicitudes de refugio de venezolanos se han registrado en territorio peruano.
De acuerdo con la representación de ACNUR, cerca de 1,6 millones de ciudadanos venezolanos residen actualmente en Perú. Esta cifra, constatada por BioBioChile, ilustra que no se trata únicamente de una migración económica: un sector importante busca garantías de seguridad para sí y sus familias.
La representante de ACNUR en Perú, Laura Almirall, describe la diferencia entre migrante y refugiado: “La diferencia clave es que el refugiado huye por necesidad, mientras que el migrante decide moverse por distintas razones”, explicó en diálogo con Infobae Perú. La distinción es fundamental para comprender el tipo de protección y respuesta que requieren las personas desplazadas.
Dimensión económica y social
El impacto de la presencia venezolana trasciende la estadística migratoria. Un informe conjunto de ACNUR y el Banco Mundial calcula que la comunidad venezolana en Perú aporta cerca de 530 millones de dólares anuales a la economía nacional, lo que representa el 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB) peruano.
De acuerdo con el representante de ACNUR, Christian Carrillo, cada sol invertido por el Estado peruano en esta población genera un retorno fiscal de casi tres veces ese monto. “Por cada sol destinado a un refugiado, el retorno puede ser casi tres veces mayor en términos de ingresos fiscales”, precisó a TV Perú.
El estudio revela que más del 80% de los venezolanos en Perú se encuentra económicamente activo, con una tasa de informalidad similar a la de la población local. Más del 30% posee estudios superiores y una proporción relevante cuenta con experiencia profesional.
El análisis agrega que la mayoría de los venezolanos ha formado lazos familiares en Perú, ha iniciado negocios y participa activamente en el sistema educativo y laboral.
Chile: presión fronteriza
La Línea de la Concordia, punto divisorio entre Chile y Perú, se ha transformado en epicentro de tensiones y desafíos logísticos. El reciente arribo al poder del presidente José Antonio Kast marcó el inicio de una política migratoria más rígida.
A pocos días de asumir el mandato, Kast supervisó el inicio de la construcción de barreras físicas en la frontera norte. “Hoy comenzamos a frenar la migración irregular”, declaró el mandatario en un acto, añadiendo que “no tengan dudas de que esto va a cambiar”.
El plan chileno contempla la instalación de obstáculos a lo largo de casi 500 kilómetros y el despliegue de nuevas tecnologías de supervisión, como drones y cámaras térmicas, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.
En palabras del ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, el Ejecutivo “está tratando de que los plazos para concretar las expulsiones hacia Venezuela sean lo más rápido posible”.
El efecto probable
El internacionalista peruano Ramiro Escobar advierte que este tipo de políticas en Chile puede tener consecuencias inmediatas para la frontera de Perú. “El endurecimiento de los controles no elimina el flujo migratorio, sino que puede redirigirlo”, sostuvo.
En ese escenario, la acumulación de personas en la zona de la Concordia, especialmente en la frontera con Perú, aparece como un efecto probable. El especialista subraya que “la concentración de personas en zonas fronterizas suele estar acompañada de falta de servicios básicos y ausencia de mecanismos claros de atención”.
Además, Escobar cuestiona la eficacia de las barreras físicas y señala que “la migración irregular ya había disminuido en Chile sin necesidad de este tipo de intervenciones”.
En Chile, unas 337.000 personas extranjeras se encontraban en situación migratoria irregular a fines de 2023, de las cuales alrededor de 253.000 son venezolanas, conforme a datos del Servicio Nacional de Migraciones y del Instituto Nacional de Estadísticas.
La presión estatal ha provocado que, por primera vez, el gobierno impulse la expulsión masiva de extranjeros en situación irregular, aunque la falta de relaciones diplomáticas plenas con Venezuela obstaculiza la ejecución de estas medidas.
Dilema de las expulsiones
El presidente interino de Perú, José María Balcázar, subrayó la complejidad de la política migratoria regional. “Por más que los coloque en la frontera (Perú-Chile), no se va a poder”, afirmó en entrevista con Exitosa, en alusión a la imposibilidad legal de realizar deportaciones sin un país receptor que acepte la expulsión.
Balcázar recordó que Perú intentó repatriar ciudadanos venezolanos, pero “Venezuela no dio el pase”. El mandatario planteó la necesidad de acuerdos diplomáticos y la creación de corredores humanitarios para canalizar los retornos voluntarios de quienes deseen regresar.
La falta de servicios consulares y de relaciones diplomáticas plenas entre Chile y Venezuela ha impedido la realización de vuelos directos de expulsión.
El ministro chileno Claudio Alvarado confirmó que se iniciaron conversaciones para restablecer vínculos a nivel consular, con el objetivo de facilitar la regularización y la repatriación de personas con órdenes de salida.
Mientras tanto, las expulsiones que sí se han concretado han tenido como destino países como Bolivia, Ecuador y Colombia. Según la agencia EFE, más de 75.000 órdenes de expulsión permanecen pendientes en Chile, la mitad correspondientes a ciudadanos venezolanos.
Bajo vigilancia
La respuesta peruana a la nueva política chilena ha sido reforzar la presencia policial y militar en los principales pasos fronterizos. El gobierno de Balcázar dispuso el envío de más de cien agentes a zonas estratégicas de Tacna, Palca, La Yarada-Los Palos y Tarata, en el marco de un estado de emergencia que restringe derechos constitucionales y permite la vigilancia permanente, el uso de drones y patrullajes motorizados.
El jefe de la Región Policial de Tacna, Víctor Luna Velarde, confirmó a medios locales la puesta en marcha de un dispositivo especial para controlar el flujo de extranjeros y cerrar rutas clandestinas.
La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú implementó controles estrictos de verificación e identificación de extranjeros, con la posibilidad de rechazar de inmediato el ingreso de quienes no cumplan con los requisitos legales. Las personas consideradas vulnerables reciben atención diferenciada conforme a la legislación internacional.
Expectativas de retorno
El interés de los venezolanos en retornar a su país ha experimentado altibajos. Según el informe reciente de ACNUR, la proporción de quienes consideran regresar aumentó de 10% a más del 30% en los últimos meses, en parte por la percepción de mejoras en el contexto político y social de Venezuela.
No obstante, estudios del Observatorio Venezolano de la Diáspora (ODV) y encuestas de ACNUR en seis países de la región muestran que solo una minoría concreta su regreso.
La directora de la ONG Proyecto Tepuy, Mary Montesinos, describe un escenario lleno de trabas: “El problema, más que la cantidad de personas que se encuentran en situación irregular, es cómo se ha manejado la situación”.
Montesinos señala que la imposibilidad de regularizarse muchas veces no depende de la voluntad de los migrantes, sino de la falta de documentos válidos y la ausencia de canales consulares.
El abogado venezolano Luis Manuel Marcano, asilado político en Chile, añade en DW: “Una enorme parte de la migración venezolana salió huyendo de una tiranía que destruyó instituciones, salarios, seguridad”, lo que fracturó su proyecto de vida.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya señaló que muchos venezolanos fueron “forzados a migrar” para preservar derechos básicos.
El desafío de integración
Para quienes permanecen en situación irregular, la falta de documentos no solo impide la regularización, también bloquea la posibilidad de salir del país receptor. “¿Cómo obtienes un salvoconducto si no existe un consulado venezolano en el país donde resides?”, se pregunta Guarequena Gutiérrez, académica venezolana en la Universidad del Alba en Santiago de Chile.
Marcano considera que la presión estatal no resolverá el fenómeno de la migración irregular venezolana. “Pueden ordenar algo de la frontera y enviar una señal de autoridad estatal, sí, pero no resolverán el fenómeno mientras Venezuela no recupere la democracia, el Estado de derecho y condiciones mínimas para que millones de venezolanos puedan volver con seguridad y dignidad”.
Mary Montesinos, además, advierte que mantener a miles de personas en situación irregular puede derivar en mayor invisibilidad y en la formación de economías paralelas de subsistencia. Su recomendación es avanzar en la regularización, lo que permitiría que los aportes económicos de esta población sean plenamente aprovechados por los países de acogida.
Agenda en movimiento
La Línea de la Concordia emerge como símbolo y termómetro de una realidad que trasciende fronteras. Mientras Chile refuerza el control y Perú sostiene la recepción de un número récord de solicitudes de refugio, cientos de miles de historias quedan suspendidas entre dos países obligados a redefinir sus límites y responsabilidades ante el mayor éxodo latinoamericano de la actualidad.
En ese trecho de desierto y alambradas, la cifra de más de medio millón de solicitudes no solo dibuja el alcance de la crisis, sino que anticipa el verdadero desafío: cómo responder a una movilidad humana que no reconoce barreras físicas ni soluciones inmediatas.
