Este lunes comenzará en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco el juicio oral en contra de cinco funcionarios de Carabineros, quienes fueron acusados por el Ministerio Público como autores de los delitos de apremios ilegítimos y obstrucción a la investigación. Los ilícitos fueron perpetrados el 29 de abril del 2021 en medio de la detención de Alberto Curamil Millanao, hecho cometido en la comuna de Perquenco.
La Fiscalía acusó a los capitanes de Carabineros Ronald Mittersteiner Burgos, Francisco Medina Larrondo; al sargento primero Iván Galdámez Smith y a los cabos segundos Juan Aguilera Miranda y Juan Bastias Echevarría. Todos los uniformados son de la dotación de la Primera Comisaría de Control de Orden Público de Temuco.
La información fue confirmada a La Radio por la abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Pamela Nahuelcheo, quien es querellante en esta causa.
“El día lunes comenzará un juicio oral en contra de cinco funcionarios de la novena zona de Control de Orden Público de Carabineros, uno de ellos con grado de capitán, por hechos ocurridos en abril del año 2021 y que afectaron a la víctima Alberto Curamil Millanao”, enfatizó.
“Los hechos dicen relación con un procedimiento desarrollado en la comuna de Perquenco, particularmente en la comunidad Coyán Montre, donde en el contexto de una manifestación, los funcionarios hicieron uso antireglamentario de escopetas antidisturbios, produciendo lesiones a la víctima en distintas partes de su cuerpo“, indicó.
Funcionarios falsearon la secuencia de los hechos
En la acusación, la Fiscalía precisó que el día de los hechos, el personal de Carabineros se trasladó hasta una protesta y corte de ruta que se produjo en el kilómetro 627 de la Ruta 5 Sur.
En el sector, luego de una persecución, los efectivos policiales utilizaron las escopetas antidisturbios que portaban y le dispararon a la víctima a una distancia no reglamentaria, causándole diversas lesiones.
El ente persecutor agregó que la víctima, Alberto Curamil Millanao, fue detenido y trasladado hasta la Primera Comisaría de Carabineros de Lautaro por el delito de desórdenes públicos.
El Ministerio Público sostuvo en la acusación que el delito de obstrucción a la investigación se configura porque los funcionarios declararon sobre lo ocurrido con la víctima, falseando la secuencia de los hechos para encubrir su actuar.
El Ministerio Público está solicitando penas que van desde los 540 días a cuatro años de presidio, más multas de 12 Unidades Tributarias Mensuales para los agentes.
