Más de 150 testigos, mil documentos y el trabajo de 8 peritos forman parte de las pruebas que la Fiscalía busca presentar en el juicio por fraude de 1.200 millones de pesos en la arista Kimün del caso Convenios en la región de Los Lagos. Estos antecedentes serán defendidos en la audiencia de preparación de juicio oral que inicia mañana.
Fue en 2022 cuando el Gobierno Regional de Los Lagos entregó 1.200 millones de pesos a Kimün para sanear el terreno de 800 familias que llevaban décadas esperando sus títulos de dominios en sectores rurales.
Sin embargo, el sueño se vio truncado cuando los directivos de esta corporación, liderada por Jaime Huincahue y apoyada por Diego Ancalao, excandidato presidencial, no concretaron el convenio. Según acusa el Ministerio Público, estos fondos fueron desviados para pagar deudas millonarias de una institución educacional de la que eran sostenedores.
Preparación de juicio oral
Tras varios años, se desarrollará en Puerto Montt la audiencia de preparación de juicio oral en contra de seis imputados por delitos de corrupción.
Se trata de tres exfuncionarios públicos: la exadministradora regional, Viviana Godoy, y la exjefa de la División de Fomento e Industria, Gloria González, ambas acusadas de intervenir para la aprobación del programa y para que se duplicaran los fondos inicialmente destinados; y Rodrigo Fuentes, acusado de recibir coimas para adulterar la acreditación de experiencia de la corporación Kimün.
Además, están formalizados el presidente de Kimün, Jaime Huincahue, el presidente de Fundelín, Diego Ancalao, quienes habrían usado con otros fines los 1.200 millones traspasados por el Gobierno Regional de Los Lagos; y la lobbista Viviana Guzmán, acusada de hacer el nexo para que la organización obtuviera los recursos desde el GORE, incluido la gestión de coimas.
Juicio se podría realizar este año
El fiscal Marco Muñoz explicó que la Corporación Kimün no tenía ni la capacidad técnica, ni económica y la expertise para cumplir con el convenio de 800 soluciones de saneamiento de título a familias de la región.
A su vez dijo que por la extensión de la prueba que se busca rendir es probable que el juicio oral se desarrolle este año.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Rodrigo Tejos, indicó que en este caso, cada medio de prueba, como los celulares o computadores que se incautaron, tiene su importancia para que “se estime por acreditado todos los delitos que forman parte de la acusación”.
Penas ejemplificadoras para responsables
Por su parte, el senador socialista Fidel Espinoza, querellante en la investigación, espera que los responsables de este caso reciban “condenas ejemplificadoras”.
Desde la UDI, que también se querelló en esta causa, señalaron que esperan se revisen adecuadamente las pruebas y que, posteriormente, en el juicio oral, se logren las máximas penas por estos delitos.
