Una ofensiva política comenzó a tomar forma en la Cámara de Diputadas y Diputados. La diputada Carolina Tello, líder de la bancada del Frente Amplio, anunció la presentación de una Comisión Especial Investigadora para indagar los eventuales vínculos del Gobierno del presidente José Antonio Kast con redes internacionales asociadas al exprimer ministro húngaro Viktor Orbán, hoy bajo la lupa en Europa.
La jugada parlamentaria apunta a abrir un flanco político e internacional para el Ejecutivo, al considerar que Kast presidió entre 2022 y 2024 la organización Political Network for Values (PNfV), vinculada a la red global impulsada por el ultraconservador Orbán, y que actualmente forma parte de investigaciones en Hungría por presuntas irregularidades en su financiamiento.
El anuncio se da en un contexto más amplio: tras la salida de Orbán del poder, el nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, instruyó una investigación por el eventual uso de recursos públicos para financiar plataformas conservadoras internacionales. Entre ellas, la PNfV, organización que lideró Kast antes de asumir la Presidencia.
Comisión investigadora para indagar vínculos de Kast con Orbán
Uno de los elementos que tensionó el escenario local fue la participación de Kast en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde envió un video con elogios al nacionalista Viktor Orbán, señalando que el modelo del primer ministro era una “inspiración para nuestro trabajo desde el primer día de Gobierno”.
Previamente, en febrero, Kast siendo presidente electo, se reunió en Budapest con el líder de la derecha radical europea.
Desde el Frente Amplio criticaron duramente al mandatario: “Nos parece gravísimo que se reivindique el régimen de Viktor Orbán desde el Palacio de La Moneda, más aún cuando existen investigaciones en curso en ese país”, afirmó la diputada Carolina Tello, quien busca liderar la ofensiva.
La diputada agregó que “el Presidente debe dar las explicaciones correspondientes, debe dar la cara al país y actuar con total y absoluta transparencia y probidad”, justificando así la necesidad de activar una instancia formal de fiscalización en el Congreso.
De prosperar, la comisión investigadora tendrá un plazo de 60 días para emitir un informe y pondrá el foco en eventuales actuaciones del Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Secretaría General de la Presidencia.
El objetivo político de la iniciativa es claro: determinar si existieron nexos, apoyos o eventuales flujos de financiamiento entre el entorno del presidente y estructuras internacionales hoy cuestionadas.
Así, la oposición busca instalar un nuevo eje de presión sobre La Moneda, trasladando al Congreso un debate que ya comenzó a desarrollarse fuera de Chile y que ahora amenaza con tener repercusiones directas en la agenda política interna.
