Este lunes, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, se refirió a la Ley de Seguridad Privada y señaló que ha presentado problemas tecnológicos, especialmente relacionados con su plataforma digital.
Cabe recordar que esta normativa busca mejorar la coordinación entre la seguridad privada y la seguridad pública, fortalecer la formación y especialización de guardias y vigilantes, y otorgarles mayores medidas de protección.
En conversación con Radio Agricultura, indicó que el reglamento, dictado en 2024, ya se encuentra vigente. Sin embargo, durante el proceso de implementación aseguró que han existido dificultades en la habilitación de la plataforma donde las personas debían acreditarse y certificarse.
En esa misma plataforma, además, los denominados entes obligados debían ingresar sus planes de seguridad.
En este contexto, se ingresaron ajustes destinados a fortalecer su aplicación.
La subsecretaria explicó que, si bien la plataforma contaba con módulos operativos, estos no funcionaban correctamente y otros, derechamente, no estaban habilitados, lo que ha significado retrasos para quienes deben desempeñarse en actividades de este rubro.
“Cuando llegamos en marzo, nos dimos cuenta de esta dificultad logística, pero, además, tuvimos la posibilidad de reunirnos con los entes obligados, sobre todo porque verificamos que había problemas, nos habían señalado ya que había problemas”, complementó.
Junto con ello, indicó que existe una problemática relacionada con la clasificación de las responsabilidades de las distintas personas que trabajan en el área, por lo que se deben delimitar de mejor manera las funciones y capacitaciones acordes a cada labor.
Asimismo, destacó la relevancia de esta normativa, ya que no solo regula la seguridad privada, sino también los eventos masivos.
“Esta es una ley que es muy relevante desde el punto de vista del orden y del control. Además, como implica participación de entes privados en el orden público, se produce un descalabro importante si es que esto no está funcionando como corresponde porque esta ley ya está en vigencia”, dijo.
Respecto de la plataforma, señaló que está “a medio habilitar”, y que incluso las funciones disponibles no operaban correctamente.
“Esta ley corta tiene más bien la intención de que las personas que tenían que estar habilitadas ahora para el 28 de mayo no pierdan su posibilidad de trabajar, su certificación”, indicó.
En ese sentido, precisó que son alrededor de 33 mil personas las que podrían verse afectadas, ya sea nuevos trabajadores o quienes debían renovar su certificación durante este periodo.
Por ello, la subsecretaria explicó que se solicitó extender el plazo hasta el 28 de noviembre para contar con el sistema plenamente operativo. “Sin embargo, se produjo la semana pasada un pequeño debate porque se aprobó la idea de legislar en general, pero se produjo un debate en la posibilidad de robustecer esta ley”, señaló.
Asimismo, indicó que “6 meses es poco” y que se deberá trabajar en una modificación de esta normativa, llevarla al Congreso y debatir nuevamente los problemas de implementación detectados.
