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Gran Concepción
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Santiago 18 de octubre del 2019 El presidente de metro, Louis de Grange. Ramon Monroy/Aton Chile
Las federaciones estudiantiles de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción emplazaron al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, a visitar la Región del Biobío para conocer en terreno la crisis que, a su juicio, afecta al transporte público del Gran Concepción.
El pronunciamiento surge luego del ataque sufrido a Roberto Melo Soto, estudiante de psicología de la Universidad San Sebastián, quien fue apuñalado por un conductor de la locomoción colectiva en Concepción tras una discusión por el pago con la TNE con $5 mil pesos.
Desde la FEUCSC, su presidente Sebastián Rojas afirmó que las autoridades “no pueden desconocer que existe una deuda en materia de transporte público en el Gran Concepción”, agregando que hoy utilizar este servicio puede significar “un riesgo a nuestra integridad física”.
El dirigente sostuvo que, pese a los anuncios realizados por las autoridades regionales, no existe una agenda clara que incorpore la voz de los estudiantes en las decisiones sobre transporte.
“La necesidad imperiosa del mejoramiento de la frecuencia, fiscalización, infraestructura y modernización del transporte público no puede seguir esperando. Nuestra vida y dignidad tampoco”, señaló.
En la misma línea, la presidenta de la FEC, Ivania Garrido, valoró que se decretara prisión preventiva para el conductor imputado, aunque advirtió que la medida “no basta” frente a los problemas estructurales del sistema.
La dirigenta reiteró el llamado al ministro para que visite la región y conozca la realidad que enfrentan miles de estudiantes y usuarios, insistiendo en la urgencia de fortalecer la fiscalización, mejorar las frecuencias, avanzar en infraestructura adecuada y modernizar integralmente el transporte público.
Ambas federaciones también expresaron su solidaridad con el estudiante herido, su familia y la comunidad universitaria, y solicitaron a la Delegación Presidencial Regional y a la Seremi de Seguridad Pública hacerse parte de la querella contra el responsable del ataque.

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