El general Mauricio Salazar, jefe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), emitió disculpas públicas en representación del Estado a las familias de cuatro menores afrodescendientes desaparecidos y posteriormente asesinados por militares en diciembre de 2024. Este acto de reconocimiento de responsabilidad estatal se llevó a cabo en respuesta a una sentencia de la Corte Constitucional que encontró al Estado y a los militares culpables de violaciones a los derechos humanos contra los menores de entre 11 y 15 años.
En un acto realizado en el malecón de la ciudad, Salazar se presentó ante las familias de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, así como ante la sociedad en general, para admitir la vergonzosa responsabilidad del Estado en la desaparición y muerte de estos niños afrodescendientes residentes de un barrio popular en el sur de Guayaquil. El incidente se originó cuando una patrulla de dieciséis soldados detuvo de forma irregular a los menores cerca de un centro comercial bajo el pretexto de robo, tras lo cual los trasladaron a un pueblo cercano a una base militar, donde fueron maltratados y abandonados.
Los cuerpos calcinados de los menores fueron descubiertos días después en un manglar cercano, con la autopsia revelando que al menos tres de ellos presentaban impactos de bala. Los militares involucrados en la desaparición forzada de los menores fueron sentenciados a penas de cárcel en diciembre pasado, mientras que la Corte Constitucional, además de las disculpas públicas, ordenó la conmemoración del 8 de diciembre como el día en memoria de los niños, junto con la implementación de reformas en protocolos internos y leyes.
El comandante Salazar admitió que el Estado falló al no proteger a los menores ni proporcionar a sus familias información veraz y oportuna sobre su detención y paradero. En un gesto de arrepentimiento, solicitó perdón de manera explícita a las familias afectadas, subrayando la necesidad de reparar el daño causado. A pesar de las disculpas, las madres de los menores desaparecidos continúan exigiendo verdad y justicia, con el apoyo de la comunidad y organizaciones de derechos humanos.
Este acto de reconocimiento de responsabilidad y pedido de perdón es considerado un hecho inédito en Ecuador por Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), quien destacó la importancia de abordar de manera transparente y justa las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en este caso.
