La Tesorería General de la República (TGR) se refirió a los embargos realizados a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), señalando que son más de 1.500 los afectados por esta medida, que en su “mayor parte” corresponden a personas con ingresos superiores a 3,5 millones de pesos mensuales y que sus actuaciones cuentan con respaldo de los tribunales de justicia.
Mediante un comunicado, el organismo comenzó señalando que son “más de 550 mil personas” las que no han cumplido con sus obligaciones de pago asociadas al CAE, razón por la cual “el Fisco ha debido cubrir dichos créditos ante los bancos respectivos, acumulando a la fecha una deuda a su favor superior a los $4 billones de pesos”.
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Ante ello, indicaron que, “en cumplimiento de las atribuciones que le confiere la ley, TGR continúa desarrollando una estrategia cuyo objetivo es recuperar aquellos recursos públicos que han sido desembolsados por el Estado y que deben reintegrarse al patrimonio fiscal”.
El tesorero general, Hernán Nobizelli, sostuvo que, en esa línea, durante 2026 “más de 32 mil personas han suscrito convenios de pago que consideran la situación económica acreditada de cada persona“.
“Para ello hemos dispuesto alternativas que incluyen condiciones especiales para quienes tengan menores niveles de ingreso con el propósito de facilitar la regularización de estas obligaciones”, señaló.
Asimismo, la TGR indicó que “en aquellos casos en que se han ofrecido alternativas de pago acordes a la capacidad económica disponible y no ha existido respuesta por parte del deudor, la institución ha ejercido las acciones de cobro contempladas en la normativa vigente, incluyendo medidas de embargo cuando corresponde“.
TGR: “Más de 1.500 personas han sido embargadas”
En ese contexto, el organismo abordó la situación de los embargos, señalando que, a la fecha, “la mayor parte de los embargos ejecutados han recaído sobre deudores con ingresos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales, de acuerdo con sus propias declaraciones de impuestos correspondientes al Año Tributario 2025, disponibles al momento de iniciarse en abril del presente año la estrategia de cobro de las deudas CAE”. No obstante, no aclaró si existen personas con ingresos inferiores a esa cifra que también hayan sido afectadas.
De esta forma, la Tesorería sostuvo que “a la fecha, más de 1.500 personas han sido embargadas, lo que corresponde a un 5% del total de casos que han regularizado su deuda a través de convenios“.
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“Quienes actualmente se encuentren cesantes, pueden presentar los antecedentes que acrediten dicha situación en la Oficina Virtual de Trámites de TGR mediante un certificado de cotizaciones previsionales y un finiquito. Este trámite permite acceder a un pie y cuotas de 1 UTM”, afirmaron.
TGR advierte futuras acciones a deudores del CAE
Posteriormente, la institución precisó que “el proceso de cobro continúa desarrollándose conforme a la normativa vigente y a los procedimientos establecidos para la recuperación de recursos fiscales”.
En esa línea, advirtió que “el hecho de que las medidas de embargo aplicadas hasta ahora se hayan concentrado en contribuyentes con mayores niveles de ingreso o alto patrimonio no implica la suspensión del proceso ni limita la adopción de futuras acciones respecto de quienes mantengan obligaciones pendientes sin regularizar“.
Así, la Tesorería reiteró el llamado “a todas las personas que mantienen deudas asociadas al CAE a informarse y regularizar su situación a la brevedad en tgr.cl/cae o en cualquiera de las oficinas regionales y provinciales del país”.
Tesorería se respalda en fallo de la Corte de Apelaciones de Arica
Finalmente, la institución recordó que “la Corte de Apelaciones de Arica rechazó recientemente un recurso de protección interpuesto en contra de Tesorería General de la República, validando el marco legal que faculta a la institución para efectuar el cobro de deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado“.
“La sentencia, dictada en la causa Rol N° 300-2026, rechazó la acción presentada por un deudor que buscaba dejar sin efecto un mandamiento de ejecución y embargo emitido por la Tesorería Regional de Arica y Parinacota en el marco de un procedimiento administrativo de cobro”, afirmaron.
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De esa manera, el organismo sostuvo que dicho fallo respalda “la aplicación del procedimiento de cobro coactivo respecto de las deudas CAE una vez que la garantía estatal se hace efectiva y los montos adeudados pasan a formar parte del patrimonio fiscal”.
“Este pronunciamiento se suma a los más de 450 recursos de protección declarados inadmisibles por la Corte Suprema en materias relacionadas con el cobro de estas acreencias“, agregaron.
“De esta forma, los tribunales superiores de justicia han sostenido que el recurso de protección no constituye la vía idónea para debatir la naturaleza jurídica de estas obligaciones, ni tampoco para cuestionar el procedimiento legal establecido para su cobro”, sostuvieron.
Concluyendo que la “TGR continuará ejerciendo las acciones que la ley le confiere para la recuperación de recursos públicos, resguardando el debido proceso y promoviendo alternativas de regularización para quienes mantengan obligaciones pendientes con el Fisco”.




