El Juzgado de Garantía de Temuco declaró admisible una querella criminal presentada por el gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, en su calidad de presidente del directorio de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo, por presuntos delitos de administración desleal y prevaricación relacionados con un programa de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas de la región.
La acción judicial apunta a autoridades, exautoridades, directivos, exfuncionarios y asesores jurídicos que participaron en la ejecución del programa concursable “Reactivación Económica de las MIPYMES”, iniciativa que distribuyó cerca de $9 mil millones entre 328 beneficiarios.
Conflicto de interés: la trama de funcionarios y familiares que vuelve a golpear a exgobernador Rivas
Viernes 10 Abril, 2026 | 15:01
Entre los querellados figuran el exgobernador regional Luciano Rivas, quien además presidía el directorio de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo; su exjefe de gabinete, Juan Pablo Leonelli; el exdirector de la corporación, Cristian Salas; y la actual seremi de Justicia de La Araucanía, Stephanie Caminondo, quien anteriormente se desempeñó como asesora jurídica de la entidad.
Perjuicio patrimonial
Según expone la querella, se detectó un presunto perjuicio patrimonial de $5.898 millones asociado a gastos rechazados durante la ejecución del programa. De acuerdo con los antecedentes recopilados por la actual administración regional, cerca del 65% de los recursos ejecutados fueron observados, situación que podría evidenciar irregularidades en la asignación y utilización de los fondos públicos.
La investigación interna realizada por el Gobierno Regional identificó como foco principal de las observaciones a la Comisión de Evaluación Estratégica, integrada por Rivas, Leonelli y Salas. Dicha instancia tenía la responsabilidad de recomendar al directorio los proyectos que serían adjudicados.
Según la presentación judicial, los integrantes de la comisión habrían intervenido en decisiones que beneficiaron a personas vinculadas a sus entornos personales, políticos o comerciales, sin inhabilitarse de los procesos respectivos. Asimismo, se acusa que proyectos con menor puntaje habrían sido favorecidos por sobre iniciativas mejor evaluadas.
Gobernador Saffirio
El gobernador René Saffirio sostuvo que la presentación busca esclarecer responsabilidades ante antecedentes que calificó como graves.
“Cuando existen antecedentes de esta gravedad, la obligación nuestra no es guardar silencio, sino acudir a la justicia. Es importante precisar que no estamos persiguiendo personas, sino que estamos exigiendo responsabilidades”, afirmó la autoridad regional.
La justicia ha declarado admisible nuestra querella contra ex autoridades, directivos y asesores de la Agencia Regional de Desarrollo Productivo por presuntos delitos de administración desleal y prevaricación, en la ejecución de un programa de $9 mil millones.
Cuando existen… pic.twitter.com/7PxRs07gvu
— René Saffirio (@renesaffirio) June 11, 2026
En paralelo, Saffirio informó que presentó una denuncia por eventuales delitos contra la función pública, entre ellos fraude al fisco, negociación incompatible y tráfico de influencias, sin perjuicio de otros ilícitos que puedan ser establecidos durante la investigación penal.
Desde el Gobierno Regional agregaron que, tras el cierre del programa, se detectaron además antecedentes como información extraviada, rendiciones incompletas y presunta triangulación de recursos, por lo que se instruyó un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades funcionarias.
Asimismo, la Contraloría General de la República mantiene una investigación especial respecto del destino de los recursos entregados a los 328 beneficiarios del programa, cuyo uso final aún no ha sido completamente esclarecido.
