El caso de los menores haitianos ingresados a Chile bajo la figura de reunificación familiar escaló en las últimas horas tras la revelación de un preinforme reservado de la Contraloría General de la República (CGR). El documento, parte de una investigación especial, detecta graves falencias en el control de decenas de niños y en la autorización de vuelos chárter provenientes de Puerto Príncipe, Haití.
A las irregularidades identificadas por el organismo fiscalizador se sumó una denuncia penal presentada por el actual Servicio Nacional de Migraciones, mientras que la Fiscalía anunció la apertura de oficio de una investigación para esclarecer una eventual red de tráfico de menores.
El preinforme de Contraloría apunta a falta de interoperabilidad entre instituciones clave: la Dirección General de Aeronáutica Civil, el Servicio de Migraciones y la Policía de Investigaciones no contaban con sistemas que permitieran cruzar información básica como listas de pasajeros versus quienes llegaban a las ventanillas de control o finalmente ingresaban al país.
En ese contexto, el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, en conversación con El Tema del Día de BioBioTV confirmó que en 2023 su gestión denunció ante el Ministerio Público a agencias de viaje y líneas aéreas por eventuales vínculos con redes de tráfico o trata de personas, en el contexto de vuelos con menores haitianos hacia Chile.
Denuncias previas
—¿Cuál es su visión respecto a lo que ocurrió con estos vuelos chárter y el ingreso de niños al país?
El tema de los vuelos desde Haití no es nuevo como problema, tanto en lo que se refiere a las autorizaciones de vuelo como en el ingreso de niños y las condiciones en las que vuelan. Es importante recordar que ya existe una investigación abierta por el Ministerio Público. Nosotros pusimos a disposición del Ministerio Público información sobre vuelos y agencias de viaje con sede en Chile que eventualmente podrían estar involucradas en una red o incurriendo en el delito de trata o tráfico de personas. Hicimos la denuncia el año 2023 y en virtud de eso se inició una investigación que hoy día está en curso. Me imagino que estas nuevas denuncias lograrán acopiar y reunir estos antecedentes para que la investigación avance de manera adecuada.
—¿Cómo funciona el procedimiento de reunificación familiar?
El otorgamiento de la reunificación es un procedimiento que realizan los padres o madres que tienen residencia definitiva en Chile y que solicitan al Servicio Nacional de Migraciones la visa temporal para estos niños. El Servicio analiza los antecedentes, principalmente certificados de nacimiento, que las personas tengan residencia definitiva, que tengan medios de vida y que tengan documentos de identidad. Una vez que se otorga la reunificación viene el traslado en estos vuelos, porque no hay vuelos directos comerciales habituales. Luego está el ingreso, donde se tiene que hacer el chequeo de que ese niño que viene ingresando con un adulto y los certificados correspondientes sea entregado al padre o madre que esté al otro lado de la mampara. Normalmente lo hace PDI. En caso de que el niño tenga algún problema con la documentación, que venga solo o no acompañado, lo que corresponde es que se derive al tribunal de familia correspondiente para que observe si hay algún tipo de vulneración y le haga seguimiento a ese menor de edad.
—El preinforme menciona casos graves, como tres niños que llegaron al aeropuerto cuando su padre, quien había iniciado el proceso, ya había muerto hacía 30 días. La Contraloría señala que no queda claro ni por parte de PDI ni del Servicio de Migraciones qué pasó con esos menores, que nadie los conocía en las direcciones indicadas. ¿Qué debería ocurrir en ese escenario?
Cuando sucede una situación fortuita como esa, eso requiere de un control in situ, que es lo que hace normalmente la Policía de Investigaciones al verificar que se hace entrega de esos niños al adulto responsable, legalmente certificado para recibirlo, que es quien solicita la reunificación familiar. Creo que sobre esta situación puntual habrá que esperar lo que dice el informe final, porque recordemos que este es un preinforme donde imagino que la Policía de Investigaciones entregará los antecedentes de a quién le entregaron los niños. Esa es la dificultad cuando se filtran estos informes antes de que esté el informe definitivo, puesto que todavía no hay una cuestión concluyente al respecto. Lo que debió haber ocurrido en esa circunstancia es efectivamente la verificación de que el adulto que está en el aeropuerto es quien solicitó la reunificación familiar y, si no, el niño no puede ser entregado.
—¿Las personas que venían a cargo de los menores en los vuelos también tienen potestad sobre los niños al llegar a policía internacional?
Sí, la persona tiene que tener un documento que lo valide como cuidador legal de ese niño o esa niña, eso va con un documento, no es cualquier persona. Y la PDI chequea normalmente la existencia de esa documentación. Lo que no funciona bien es que hay un déficit en la forma en que son trasladados los niños en los aviones, puesto que las líneas aéreas los embarcan sin que tengan el cumplimiento de la norma que establece que por cada adulto deben venir tres o cuatro niños máximo. Esa norma no se está cumpliendo. Nosotros advertimos a la DGAC para que no autorice vuelos de las líneas aéreas que provenían de Haití.
—¿Ustedes tomaron alguna medida al detectar estas irregularidades?
En virtud de detectar algunos documentos que no estaban verificados, que eventualmente estaban adulterados, detuvimos la tramitación de las residencias de niños y niñas haitianas a fines de agosto del año 2025, dada la dificultad que existe en ese país y en nuestro consulado para verificar la documentación. Eso nos pone en un escenario complejo, puesto que por una parte tenemos que, como servicio, sin tener todas las herramientas, garantizar que el proceso migratorio se dé en regla, y por otro lado tenemos que resguardar el principio de reunificación familiar que está en nuestra ley. Tomamos una decisión dura pero correcta en el sentido de que se requiere una certeza documental para poder entregar las visas, y espero que eso se mantenga el día de hoy.
—Existe la sospecha de que alguien coordinaba los vuelos desde Haití, que es un estado fallido. El último vuelo registrado en la DGAC es de octubre de 2025, después de que ustedes cortaran las autorizaciones en agosto. ¿Ustedes sospecharon de que dentro de la orgánica del Estado chileno en Haití, en las misiones diplomáticas, pudiera estar pasando algo más, alguna coordinación con entes o fundaciones?
Seguramente fueron visas otorgadas antes de agosto, con toda seguridad, porque después de agosto no otorgamos más. Cuando se otorga una visa hay unos plazos de 90 días para descargarla y luego 120 para ingresar al país. Entonces una persona que ingresa a Chile en octubre normalmente obtuvo su visa varios meses con anterioridad. Respecto de la pregunta, efectivamente nosotros dispusimos antecedentes al Ministerio Público respecto de agencias de viaje que desde nuestro punto de vista constituían un sujeto sospechoso, y de líneas aéreas, para que el Ministerio Público lo investigara. Es una investigación que tiene ya varios años en curso y la hemos provisto no solo de la información inicial para su apertura, sino que además de la información que ha ido llegando al Servicio de Migraciones durante los años sucesivos.
—¿Quién tiene mayor responsabilidad en este caso? El preinforme señala que no saben dónde están los niños, que no funcionó la coordinación entre instituciones. ¿La Policía de Investigaciones, la Dirección General de Aeronáutica Civil, Migraciones?
Primero que nada, creo que el informe hay que esperarlo, porque toda esta información tiene que estar recogida en el informe final junto con las respuestas que han dado las distintas instituciones. En lo que respecta a problemas con los vuelos, con la autorización y con la seguridad del vuelo, la entidad responsable es la Dirección General de Aeronáutica Civil. Si hay algún problema ahí, es ahí donde hay que corregir la situación. La institución contralora de frontera que debe verificar que las personas vengan con las residencias otorgadas y que, en el caso de que haya niños, los reciban sus padres, es la Policía de Investigaciones. Me consta que ellos hacen su trabajo porque hemos trabajado años juntos. Y en el análisis de la documentación, de los documentos de identidad, de los certificados de nacimiento y de residencia definitiva de los padres, quien analiza eso es el Servicio Nacional de Migraciones. Hay tres instituciones acá que eventualmente podrían tener responsabilidad.
—Para entender: el Servicio está antes en el proceso porque nadie se podía haber subido a ese avión si no tenía el visto bueno de Migraciones respecto a que cumplía con cada uno de los protocolos de reunificación.
Exacto. La responsabilidad del Servicio Nacional de Migraciones es el análisis de los documentos. En el caso de Haití, cuando no son verificables en línea con un QR, se solicitan los originales legalizados en el consulado y en el Ministerio de Relaciones Exteriores acá en Santiago. Quien hace el análisis de la documentación para otorgar la reunificación es el Servicio. Luego el traslado es evidentemente la línea aérea, que tiene una responsabilidad en la Ley de Migración y por eso el Servicio, cuando incumple la línea aérea, los multa o, en nuestro caso, los denuncia al Ministerio Público. Y la autoridad que debe controlar el ingreso al país de las personas con la debida documentación es la Policía de Investigaciones.
—¿El Servicio no tiene ninguna injerencia ni seguimiento posterior de dónde quedan estos niños?
Hay dos protocolos. Cuando los niños llegan no acompañados, la autoridad que se entera de que hay un niño no acompañado, sea la policía o sea una persona del Servicio Nacional de Migraciones, debe derivarlo inmediatamente a las autoridades correspondientes: Subsecretaría de la Niñez para la protección administrativa y Tribunales de Familia para el caso de la protección judicial, si es que hay alguna sospecha de algo.
