La reconstrucción y los proyectos habitacionales destinados a familias vulnerables en la región de Valparaíso quedaron nuevamente bajo la lupa.
Una serie de documentos internos, resoluciones administrativas, minutas jurídicas y denuncias conocidas por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío permiten reconstruir una trama que involucra a las entidades patrocinantes Social Arquitectura y Uno a Uno SpA, además de funcionarios y exfuncionarios vinculados al Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Los antecedentes revisados muestran que las dudas no se concentran únicamente en aspectos técnicos o administrativos. También aparecen vínculos personales y familiares, situaciones que al interior del propio Minvu fueron analizadas desde la perspectiva del principio de probidad y de las normas sobre conflicto de interés.
Todo ello ocurre mientras cientos de familias damnificadas y personas que esperan acceder a una vivienda social continúan enfrentando retrasos e incertidumbre.
El término anticipado de Social Arquitectura
Una de las decisiones más relevantes fue adoptada el 8 de abril de 2026.
Ese día, mediante la Resolución Exenta N°285, la Seremi de Vivienda de Valparaíso resolvió “terminar anticipadamente convenio regional de asistencia técnica y adopta medidas provisionales respecto de la entidad patrocinante Social Arquitectura Limitada”.
La resolución recuerda que Social Arquitectura había suscrito un convenio regional con la Seremi en abril de 2021, bajo la gestión de Carlos Montes (PS), y que posteriormente obtuvo un aumento de categoría.
En los documentos internos se indica que las cláusulas del convenio establecen obligaciones relativas a la correcta ejecución de los proyectos y a la responsabilidad exclusiva respecto de estudios, planos y antecedentes técnicos, jurídicos y administrativos. La medida significó un golpe para una entidad que venía participando en programas habitacionales en la región.
El origen de Social Arquitectura
La propia Resolución Exenta N°577, de 28 de abril de 2021, aprobó el convenio regional entre la Seremi de Vivienda y Social Arquitectura SpA. Allí aparece como representante Gonzalo Alfredo Pozas Alburquenque.
En la resolución se establece que cualquier vulneración de las normas aplicables podía ser considerada una infracción grave y facultaría al órgano estatal correspondiente para impedir la recepción de nuevos proyectos por un plazo de dos años, previo procedimiento administrativo.
La aparición de Uno a Uno SpA
Tras la caída de Social Arquitectura, los antecedentes muestran la irrupción de una nueva entidad.
Se trata de Uno a Uno SpA, inscrita el 3 de abril de 2025 y cuyo 100% de las acciones pertenece a Soledad Monsalve León, quien además figura como representante legal. La empresa obtuvo convenios regionales de asistencia técnica en distintas regiones.
En Valparaíso, el convenio quedó formalizado mediante la Resolución Exenta N°1300 del 18 de noviembre de 2025. La resolución establece expresamente que la entidad quedaba habilitada para operar en tercera categoría, permitiendo atender hasta 320 familias simultáneamente.
Posteriormente, Uno a Uno inició gestiones para aumentar dicha categoría.
El pasado de Soledad Monsalve
Un documento interno del Minvu reconstruye la trayectoria de Soledad Monsalve, representante de Uno a Uno SpA.
Según el documento, trabajó en el gabinete de la exministra Paulina Saball y posteriormente se incorporó al gabinete del entonces ministro Carlos Montes, permaneciendo allí hasta agosto de 2023.
Más adelante fue designada encargada nacional de la Comisión Asesora para la Reducción de Riesgo de Desastres y Reconstrucción.
La misma minuta indica que durante 2024 fue objeto de un sumario por denuncias de maltrato o acoso laboral y que el procedimiento terminó con una sanción de censura, aprobada en enero de 2026.
Matrimonio y conflictos de interés
Un antecedente sensible contenidos en la documentación revisada se relaciona con Danitza Roa Santos, exfuncionaria del Serviu Valparaíso que estaba casada con Soledad Monsalve desde noviembre de 2022 y que permaneció en funciones hasta mayo de 2026.
Precisamente, una resolución del Serviu Valparaíso aceptó su renuncia voluntaria y dejó constancia que “la persona antes citada se encuentra sometida a investigación sumaria o a sumario administrativo”, según consta en el documento registrado el 18 de mayo de 2026.
La renuncia tuvo efecto desde el 1 de mayo.
La situación fue considerada particularmente delicada por cuanto la cláusula quinta del convenio suscrito por Uno a Uno establece una declaración formal respecto de inhabilidades.
En ella se exige que socios, directores, administradores o representantes legales no mantengan vínculos con el Minvu, la Seremi o el Serviu ni relaciones de matrimonio o parentesco con funcionarios directivos. El contenido aparece incorporado en el convenio aprobado mediante la Resolución Exenta N°1300. Sin embargo, en la práctica también se espera que los vínculos familiares con funcionarios no directivos sean igualmente declarados.
Consultada por Radio Bío Bío, Monsalve negó que hubiese habido algún conflicto de interés y afirmó que el cargo de Roa nunca tuvo ninguna relación con los proyectos. Complementó que el convenio firmado entre Uno a Uno y el Estado en que se habilita a la empresa a actuar como entidad patrocinante en futuros proyectos fue pactado con la Seremi del MINVU, y que el SERVIU no habría tenido ninguna injerencia en aquel documento.
El caso de Makarena Flores
Otro de los puntos abordados al interior del Minvu dice relación con Makarena Marisol Flores Díaz.
Según el análisis elaborado por la División Jurídica, la funcionaria se desempeña como analista de postulaciones del Serviu Valparaíso desde 2020 hasta la fecha.
El documento señala que intervino en revisiones y aprobaciones vinculadas a proyectos de Social Arquitectura y que Gonzalo Pozas, socio y administrador de dicha entidad, es padre de hijos en común con la funcionaria.
La minuta agrega que se detectaron más de veinte beneficiarios asociados a proyectos de reconstrucción del sector El Olivar cuyos módulos familiares fueron revisados por el usuario identificado como MMFLORES.
El informe jurídico recuerda diversos dictámenes de Contraloría y sostiene que el conflicto de interés puede existir incluso en forma potencial y que la obligación de abstención no sólo alcanza la decisión final, sino también el examen y estudio de los antecedentes.
Consultada por Radio Bío Bío, Makarena informó que: “Mi jefatura tiene pleno conocimiento de mi relación familiar con Gonzalo Pozas. No tengo poder de decisión respecto de gestiones que involucren a su empresa, y no ostento cargo de jefatura que me permita incidir en las gestiones de Social Arquitectura”.
Por su parte, desde Social Arquitectura indicaron que ninguno de los integrantes de la entidad –teniendo en cuenta los socios, administradores y representantes legales– tiene ninguna inhabilidad respecto de ningún funcionario del SERVIU, según las normas que se establecieron en el Convenio Marco que los rige.
El correo que encendió nuevas alarmas
La situación escaló durante junio.
Un correo electrónico enviado por la jefa del Departamento de Gestión de Proveedores y Registros Técnicos del Minvu señala:
“Hemos constatado en el Servel que el señor Gonzalo Pozas, socio de la EP Social Arquitectura Ltda., tiene el mismo domicilio que la funcionaria del Serviu Valparaíso Makarena Marisol Flores Díaz”.
En el mensaje se solicita expresamente:
“Por favor nos podrían enviar su ficha funcionaria y perfiles de cargos que tiene y/o ha tenido”.
La comunicación fue enviada a distintas autoridades y funcionarios del ministerio.
Alertas en el Ministerio
Consultados por Radio Bío Bío, desde el Ministerio indicaron haber tomado ya conocimiento de los antecedentes y haber derivado la información a la División Técnica del Ministerio. “En virtud de los antecedentes, la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo ha ordenado instruir Sumarios Administrativos a fin de investigar los graves hechos que estarían infringiendo gravemente deberes funcionarios.Ello será motivo de la correspondiente investigación”, agregaron.
La cesión de derechos
El 3 de junio de 2026 se firmó una “Carta de Acuerdo de Cesión de Derechos” entre Gonzalo Pozas Alburquenque y Soledad Monsalve León.
En ella se establece que Pozas, en representación de Social Arquitectura, cede a Uno a Uno los derechos relativos a los proyectos habitacionales Esperanza 1, 2 y 3.
El documento señala que la cesión es “gratuita, exclusiva e irrevocable”.
Asimismo, se precisa que la transferencia comprende la totalidad de los derechos de explotación y desarrollo de dichos proyectos.
Consultados, desde el Minvu afirmaron que: “Existen antecedentes de ingreso de una solicitud de cesión de derechos, pero la normativa vigente tal como lo indica la Cláusula décimo primera del convenio regional CRAT requiere de autorización expresa para la transferencia de proyectos”.
“La ENTIDAD no podrá ceder ninguno de los proyectos en ejecución a otra ENTIDAD, salvo que sea expresa y previamente autorizada por el SERVIU y por los beneficiarios del proyecto a traspasar, y siempre que la ENTIDAD receptora tenga a su vez suscrito un Convenio Regional de Asistencia Técnica para Programas Habitacionales para operar en el respectivo programa habitacional en la región correspondiente. Además, no estar afecta a alguna de las medidas administrativas previstas en este convenio, estar en igual o superior categoría y además tener capacidad para asumir el número de beneficiarios que involucre el proyecto que reciba”, se lee en la normativa.
Desde el Minvu también informaron que en virtud de las facultades de control, la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo ha ordenado el inicio de una Auditoría Interna a nivel nacional para que se investigue en todos los SERVIU y SEREMI del país, los Registros y Contratos regionales de Asistencia Técnica,(CRAT), para analizar si existen situaciones irregulares que pudieran presentarse en otros contratos con Entidades Patrocinantes y Empresas Constructoras.
La denuncia por amenazas
Otro antecedente corresponde a una denuncia ingresada ante Carabineros por Daniela del Infante Henríquez, abogada del Departamento Jurídico del Serviu.
En la presentación se relata la recepción de un mensaje atribuido a Danitza Roa.
La denunciante sostiene que por mensaje de WhatsApp se le habría amenazado y que las expresiones buscaban “coartar, limitar, restringir e impedir” que realizara observaciones respecto de un eventual conflicto de interés.
La denuncia identifica a Roa Santos como imputada.
El impacto en las familias
Mientras los antecedentes son revisados por las autoridades y se evalúan eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales, las consecuencias prácticas recaen sobre quienes llevan años esperando una solución habitacional.
La reconstrucción posterior al megaincendio y los programas de vivienda social constituyen uno de los desafíos más complejos del Minvu en Valparaíso.
En ese escenario, los documentos revisados por Radio Bío Bío muestran que las dudas no sólo apuntan a la ejecución de proyectos o al cumplimiento de requisitos técnicos.
También revelan una sucesión de vínculos, relaciones personales y alertas levantadas desde el propio aparato estatal, antecedentes que ahora forman parte de procedimientos internos y análisis jurídicos.
Y en medio de todo ello, siguen existiendo cientos de familias que continúan esperando una vivienda, mientras la reconstrucción y los proyectos habitacionales avanzan entre cuestionamientos y una creciente revisión de responsabilidades.
