Las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha, del Partido Cristiano de Chile (PCCH), anunciaron la presentación de un proyecto de ley que busca reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas de trata de personas, extendiendo la imprescriptibilidad de la acción penal a todos los casos donde los afectados sean menores de edad.
Actualmente, la persecución penal no expira únicamente en casos de explotación sexual. La iniciativa propone modificar el Código Penal para ampliar este beneficio cuando la trata tenga como finalidad los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, la esclavitud y la extracción de órganos.
Según detallaron las parlamentarias, el proyecto incorpora formalmente las distintas hipótesis contempladas en el artículo 411 quáter del Código Penal, garantizando así la máxima protección legal para la infancia y adolescencia.
Sanciones a funcionarios públicos e inhabilitación
Asimismo, la propuesta establece un aumento en las penas cuando el delito sea cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o abusando de ellas. Junto con esto, contempla la inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñar cargos, empleos, oficios o profesiones en el ámbito educacional o en cualquier rol que implique una relación directa y habitual con menores de edad.
La diputada Francesca Muñoz explicó que el propósito central es impedir que cualquier modalidad de trata contra menores quede excluida de la imprescriptibilidad.
“Cuando un niño, niña o adolescente es víctima de trata de personas, el delito debe ser imprescriptible en todos los casos. Si la finalidad fue someter a la víctima a trabajos forzados, servidumbre, esclavitud o extracción de órganos, la ley también debe permitir investigar y sancionar a los responsables sin límite de tiempo”, afirmó Muñoz, agregando que el objetivo es que ninguna forma de este delito quede fuera de la máxima cobertura penal.
Por su parte, la diputada Sara Concha sostuvo que es urgente perfeccionar la normativa vigente para sancionar con eficacia estas conductas.
“Debemos actualizar la legislación chilena para castigar de manera efectiva a quienes cometan estos graves delitos, los cuales constituyen un atentado directo contra los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”, señaló Concha.
Finalmente, las legisladoras expresaron su confianza en que la propuesta concite un apoyo transversal en el Congreso Nacional y pueda avanzar con rapidez en su tramitación.
