La Junta de Vigilancia del Río Maule (JVRM) pidió precisar el debate público abierto tras las declaraciones del ministro de Agricultura, Jaime Campos, sobre el uso del agua en la agricultura y el financiamiento de nuevas obras hídricas. La entidad, responsable de administrar y distribuir las aguas de la Primera Sección del Río Maule —que abastecen el riego de cerca de 200 mil hectáreas— expresó su preocupación por la escasez hídrica, la mayor variabilidad climática y la urgencia de reforzar la infraestructura de regulación, acumulación, conducción, medición y eficiencia en el uso del recurso.
En ese marco, valoró que las autoridades impulsen inversión hídrica, mayor seguridad de riego y modernización de la gestión del agua. No obstante, advirtió que cualquier propuesta que contemple eventuales cobros vinculados al recurso debe especificarse con claridad en su alcance.
La organización subrayó que, antes de ampliar la superficie regada del país, la prioridad debe ser resguardar la sostenibilidad de las hectáreas que ya cuentan con riego.
Prioridad en infraestructura y eficiencia
La JVRM sostuvo que, si se pretende aumentar la superficie bajo riego, el paso inicial debe ser asegurar inversión y seguridad hídrica para las áreas actualmente regadas. En un escenario de sequía persistente y alta variabilidad climática, indicó que los recursos deben destinarse a mejorar la seguridad de riego mediante embalses, obras civiles, sistemas de telemetría, modernización de infraestructura, eficiencia intrapredial y una mejor coordinación entre usuarios.
El presidente del directorio, Juan Pablo Herrera, señaló que la intención del ministro probablemente apunta a que las nuevas obras sean costeadas por quienes las utilicen, como ha ocurrido en el pasado, diferenciando entre la construcción de infraestructura y la coordinación del uso del agua. Agregó que, dada la sequía, es incierto completar bien cada temporada, por lo que se requiere mayor eficiencia y convivencia de los distintos usos dentro de una misma cuenca.
En esa línea, la JVRM remarcó que no es lo mismo “pagar por el agua” que financiar obras de regulación, cubrir costos de operación, mantener sistemas de distribución o establecer tarifas por infraestructura nueva.
Cargas actuales de los usuarios
Herrera recordó que los agricultores y usuarios ya asumen, a través de sus Organizaciones de Usuarios de Aguas, gastos esenciales asociados a la captación, conducción, distribución, vigilancia, operación y conservación de los sistemas de riego. Además, invierten de forma continua en tecnificación, obras intraprediales, compuertas, conducción y eficiencia hídrica.
También indicó que los predios con seguridad de riego suelen tener mayor valor y, en muchos casos, soportan mayores cargas tributarias por contribuciones territoriales. Por ello, cualquier nuevo esquema de financiamiento debiera considerar los costos ya existentes para evitar dobles o triples cobros. La discusión sobre infraestructura, añadió, debe regirse por criterios de proporcionalidad, transparencia y beneficios efectivos, respetando los derechos vigentes y el rol histórico de las organizaciones de usuarios.
La JVRM reafirmó que la prioridad nacional debe ser consolidar las hectáreas actualmente regadas y resguardar los derechos reconocidos, antes de impulsar expansiones de la superficie agrícola.
Disposición al diálogo técnico
La Junta reiteró su voluntad de participar en una discusión seria y técnica sobre infraestructura, seguridad hídrica y eficiencia, basada en la realidad de cada cuenca, con la participación efectiva de las Organizaciones de Usuarios de Aguas y con pleno resguardo de la seguridad jurídica.
Finalmente, la JVRM coincidió con el Ministerio de Agricultura en la necesidad de avanzar con decisión en inversión, modernización y gestión hídrica, subrayando que ese debate debe desarrollarse junto a quienes administran y distribuyen el agua diariamente en las cuencas del país.
