A casi siete años del estallido social, vuelve a abrirse el debate sobre los indultos, esta vez enfocado en funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas condenados por delitos cometidos durante ese periodo.
El impulso proviene del Partido Nacional Libertario (PNL), que ingresó un proyecto para otorgar un indulto general a uniformados sentenciados por acciones vinculadas al control del orden público desde el 18 de octubre de 2019 y en los meses siguientes. La bancada del Partido Republicano apoyó la iniciativa, calificándola como un acto de justicia para quienes, a su juicio, actuaron cumpliendo su deber.
Desde el gobierno, la postura es de cautela. El subsecretario del Interior, Máximo Pavéz, señaló que, como toda propuesta legislativa, debe ser analizada y revisada, proceso que aún no se ha realizado.
Entre las impulsoras, la senadora del PNL, Vanessa Kaiser, sostuvo que el proyecto busca poner fin a lo que considera una persecución judicial contra Carabineros y recalcó su relevancia para la seguridad pública.
La discusión profundiza diferencias en el espectro político. Republicanos y el PNL promueven un indulto general, mientras que en Renovación Nacional, el senador Miguel Becker plantea que cualquier beneficio debe definirse caso a caso.
En la misma línea, el senador socialista Fidel Espinoza rechaza la idea de un perdón generalizado y sostiene que cualquier excepción debe evaluarse de manera particular.
En síntesis, la propuesta reaviva la tensión sobre las responsabilidades derivadas del estallido social: sus impulsores piden un indulto amplio para uniformados condenados, mientras otros sectores políticos insisten en evaluaciones individuales.
