Nacida oficialmente hace solo cuatro meses, la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI) tenía su origen mucho antes. Fue creada en febrero como una de las principales recomendaciones de la mesa interinstitucional que el Estado conformó en marzo de 2024 para abordar un capítulo doloroso y poco resuelto de la historia reciente de Chile: las adopciones irregulares y forzadas que se extendieron por décadas.
Su tarea era tan concreta como sensible: reconstruir trayectorias de vida, rastrear orígenes, ubicar familias y facilitar reencuentros. Sin embargo, la unidad dejó de existir. La Subsecretaría de Derechos Humanos, dirigida por Pablo Mira, anuló la resolución que le dio origen y desvinculó a los tres profesionales del equipo. La medida quedó establecida en un documento del 22 de junio y comenzó a ejecutarse esta semana, cuando se notificó a los funcionarios que sus labores finalizarían el 30 de junio. Así, la instancia creada para cumplir un mandato legal se disolvió antes de cumplir medio año.
La historia de esta oficina se remonta a 2023, cuando la entonces Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia, dependiente del gabinete del ministro, empezó a recibir antecedentes sobre adopciones ilegales y solicitudes de organizaciones y embajadas chilenas en el exterior. No atendía directamente a víctimas ni investigaba, pero funcionaba como una ventanilla institucional ante un problema que por décadas golpeó puertas del Estado.
El panorama cambió con la creación de la mesa interinstitucional en 2024, que recomendó una unidad especializada, y luego con la Ley de Reajuste del Sector Público para 2026. Esta norma incorporó dos disposiciones clave: instruyó al Servicio Médico Legal a conformar un Banco de Huellas Genéticas para apoyar búsquedas de origen y reunificaciones, y encargó a la Subsecretaría de Derechos Humanos realizar investigaciones administrativas a requerimiento de los tribunales, además de brindar acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica a las víctimas. Por primera vez, existía un mandato legal explícito. Para cumplirlo, en febrero nació la UBAFI, con funciones de búsqueda documental, análisis genético, coordinación con consulados y embajadas, apoyo psicológico y jurídico, reencuentros familiares y cooperación internacional. Era el germen de una institucionalidad específica para enfrentar este dolor histórico.
El proyecto, no obstante, se apagó rápidamente. Según diversas fuentes, las gestiones impulsadas por la unidad dejaron de recibir respuesta desde el gabinete de la Subsecretaría. Entre ellas, reuniones con el Servicio Médico Legal y el Poder Judicial, consideradas esenciales para poner en marcha el sistema de búsquedas y el Banco de Huellas Genéticas. El 31 de junio, el equipo fue desvinculado. Ananías Reyes, hasta ayer a cargo de la unidad, calificó la medida como un retroceso del Estado hacia víctimas largamente postergadas que requieren justicia. Aseguró, además, que el Banco de Huellas no alcanzó a operar: habían elaborado una propuesta de reglamento para discutirla con el SML, pero esa reunión nunca fue gestionada por el gabinete.
Las notificaciones de desvinculación, firmadas por el ministro Fernando Rabat, señalan que se dejó sin efecto la creación de la unidad y de la Comisión de Adopciones Forzadas e Irregulares, bajo el argumento de un nuevo enfoque estratégico y la necesidad de reasignar funciones conforme a directrices gubernamentales y ministeriales. La decisión se materializó en la Resolución Exenta N°207 del 22 de junio de 2026. El problema, advierten conocedores del funcionamiento interno, es que el mandato legal permanece vigente. Ante eventuales requerimientos del Poder Judicial, la Subsecretaría carecería de personal para cumplir con las competencias legales: no hay equipo para investigaciones administrativas ni para ofrecer apoyo psicosocial. Según confirmaron desde la Subsecretaría, las funciones quedarían en manos del asesor de gabinete Maximiliano Garnham —ingresado en abril— y de Isidora Villalobos —que asumió el 1 de julio como apoyo jurídico y penal—. Garnham también concentraría tareas sobre violencia institucional tras el desmantelamiento de otra unidad especializada. La señal inquieta dentro de la cartera, donde se percibe un desajuste entre el discurso público sobre derechos humanos y la práctica interna. Bastaría un requerimiento judicial, advierten, para evidenciar la falta de capacidad operativa.
Consultada, la Subsecretaría de Derechos Humanos confirmó la reorganización y sostuvo que el trabajo en adopciones irregulares continuará con otra estructura. Explicó que la UBAFI se creó el 16 de febrero de 2026 para ejecutar búsquedas administrativas que, según la Ley de Reajuste, solo pueden iniciarse a partir de un requerimiento judicial. La unidad operó tres meses con tres profesionales y un gasto mensual cercano a 10 millones de pesos, pero en ese lapso —afirmaron— no llegó ningún requerimiento. Con ese escenario, se optó por reasignar funciones al gabinete y contratar a un profesional especializado desde el 1 de julio para dar continuidad a las labores. La autoridad argumenta eficiencia en el uso de recursos y asegura que no se interrumpe el trabajo en materia de adopciones forzadas e irregulares: la coordinación con organismos públicos, embajadas, el Poder Judicial y organizaciones de la sociedad civil seguiría en curso, garantizando continuidad institucional. Pese a ello, persisten dudas internas sobre si una estructura tan acotada tendrá la capacidad de responder cuando ingresen los primeros requerimientos judiciales contemplados por la normativa.
