Nacida formalmente en febrero, la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI) tuvo una vida breve. Su origen se remontaba a gestiones previas del Ministerio de Justicia y a las recomendaciones de la mesa interinstitucional creada en marzo de 2024 para enfrentar las adopciones irregulares ocurridas durante décadas en Chile. Su mandato era sensible y acotado: reconstruir historias, rastrear orígenes, buscar familias y facilitar reencuentros. Hoy, la unidad ya no existe.
La Subsecretaría de Derechos Humanos, dirigida por Pablo Mira, dejó sin efecto la resolución que dio vida a la UBAFI y desvinculó a los tres profesionales del equipo. La medida, formalizada el 22 de junio y notificada esta semana, fijó el término de funciones para el 30 de junio. Así, la instancia creada para cumplir un mandato legal no alcanzó medio año de funcionamiento.
El tema venía madurando desde 2023, cuando la entonces Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio de Justicia comenzó a recibir información y requerimientos desde organizaciones y embajadas sobre adopciones ilegales. Esa oficina no atendía directamente a víctimas ni investigaba, pero actuaba como canal institucional. El panorama cambió en 2024 con la mesa interinstitucional y, más tarde, con la Ley de Reajuste del Sector Público para 2026, que incorporó dos hitos: el mandato al Servicio Médico Legal de crear un Banco de Huellas Genéticas y la obligación para la Subsecretaría de Derechos Humanos de realizar investigaciones administrativas a solicitud de tribunales, además de brindar acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica a las víctimas. En ese marco, en febrero se constituyó la UBAFI con tareas de búsqueda documental, análisis genético, coordinación consular, apoyo psicológico y jurídico, y cooperación internacional.
El cierre llegó sin estridencias. De acuerdo con fuentes consultadas, solicitudes y gestiones impulsadas por la unidad fueron quedando sin respuesta desde el gabinete de la Subsecretaría, incluidas coordinaciones clave con el Servicio Médico Legal y el Poder Judicial para activar las búsquedas y el banco genético. El 31 de junio, el equipo fue desvinculado. Su encargado, Ananías Reyes, calificó la decisión como un retroceso en la respuesta del Estado a víctimas históricamente postergadas y señaló que el Banco de Huellas no alcanzó a implementarse, pese a que existía una propuesta de reglamento pendiente de ser discutida con el SML.
Las notificaciones de término, firmadas por el ministro Fernando Rabat, aluden a un “enfoque estratégico” distinto y a la reasignación de funciones conforme a nuevas directrices. La decisión se materializó en la Resolución Exenta N°207, de 22 de junio de 2026, e incluyó también la desactivación de la Comisión de Adopciones Forzadas e Irregulares. Sin embargo, persiste la obligación legal de la Subsecretaría de conducir investigaciones administrativas y brindar apoyo a víctimas cuando lo requieran los tribunales. Fuentes internas advierten que, ante un requerimiento judicial, el organismo carece hoy de personal dedicado para esas tareas.
Según confirmó la propia subsecretaría, las funciones que cumplía el equipo se concentrarán en el gabinete: en el asesor Maximiliano Garnham —quien desde abril también asumió materias de violencia institucional tras el desmantelamiento de otra unidad especializada— y en la abogada Isidora Villalobos, incorporada desde el 1 de julio para apoyo jurídico y penal. La señal inquieta a funcionarios que ven una brecha entre el compromiso público con los derechos humanos y la capacidad operativa interna.
La abogada de derechos humanos Karinna Fernández, querellante en causas de adopciones ilegales, sostuvo que la decisión vulnera el principio de especialidad y el deber de debida diligencia, calificándola como una medida regresiva en un ámbito prioritario.
Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos confirmaron la reorganización y afirmaron que el trabajo sobre adopciones irregulares continuará con otra estructura. Explicaron que la unidad se creó el 16 de febrero de 2026 para realizar búsquedas administrativas que, según la Ley de Reajuste, solo pueden iniciarse con un requerimiento judicial, el cual no se habría producido en los tres meses de funcionamiento. Con remuneraciones cercanas a 10 millones de pesos mensuales para tres profesionales, se optó por reasignar las tareas al gabinete y contratar a un especialista desde el 1 de julio, con el objetivo declarado de optimizar recursos.
La subsecretaría aseguró que la coordinación con organismos públicos, embajadas, el Poder Judicial y la sociedad civil seguirá en marcha, garantizando continuidad institucional. No obstante, persiste la duda dentro del ministerio sobre si una estructura reducida en gabinete tendrá la capacidad de responder oportunamente cuando lleguen los primeros requerimientos judiciales contemplados por la ley.
