La fallida acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, reabrió la discusión sobre el uso de este instrumento jurídico-político de control por parte del Congreso. Entre las inquietudes, surge la frecuencia con que se ha aplicado contra autoridades de los últimos dos gobiernos, los de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.
Desde la oposición, el diputado Luis Cuello (PC) rechazó una iniciativa transversal que busca elevar los requisitos para presentar acusaciones constitucionales. Afirmó que limitar esta herramienta por razones coyunturales sería un error y no debería traducirse en un fortalecimiento del Ejecutivo. Aun cuando calificó la acusación contra Grau, impulsada por la extrema derecha, como políticamente y jurídicamente vergonzosa, sostuvo que ello no justifica restringir el mecanismo.
Para Cuello, el control fundado de las responsabilidades políticas de altas autoridades es clave para el equilibrio de poderes y la protección de la ciudadanía frente a eventuales vulneraciones constitucionales. Añadió que es posible discutir ajustes en las sanciones asociadas a la acusación constitucional sin desnaturalizarla como instrumento legítimo.
La semana pasada, un grupo de diputados oficialistas y de oposición presentó un proyecto que busca impedir la presentación inmediata de una acusación. Propone que, antes de ingresar un libelo, la Cámara ejerza su facultad fiscalizadora y cite al ministro involucrado para que entregue antecedentes o explicaciones. Solo después de ese paso podría avanzarse hacia una acusación constitucional.
