Una disputa política podría demorar las iniciativas destinadas a impedir rebajas de penas para condenados por delitos sexuales contra menores. El Gobierno y el oficialismo pretenden que se voten en la sala del Senado la próxima semana. En cambio, sectores de oposición intentan evitar que el proyecto se transforme en un respaldo para el ministro de Justicia, Fernando Rabat, a quien responsabilizan principalmente por la crisis.
Las diferencias no se centran tanto en el contenido de las iniciativas unificadas, que tienen amplio apoyo, como en el calendario de tramitación y el rol que asumirá Rabat ante una eventual solución. De acuerdo con información reunida por Radio Bío Bío, el oficialismo busca acelerar el proceso, mientras que parte de la oposición procurará limitar el espacio político del ministro.
El plan de Kast y Núñez
La estrategia del oficialismo se analizó durante el viaje presidencial, en una conversación realizada en el avión entre José Antonio Kast, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y el titular de la Cámara, Jorge Alessandri.
De acuerdo con fuentes, el foco principal de la reunión fue la acusación constitucional contra Rabat. Se propuso coordinar al oficialismo en una defensa jurídica del ministro, bajo el argumento de que la acusación no tendría fundamento constitucional. También se abordó el compromiso de ambas cámaras de agilizar los proyectos relativos a las rebajas de penas.
En ese contexto, Núñez intentará que la Comisión de Constitución del Senado se reúna de manera extraordinaria este viernes, en medio de una semana dedicada al debate presupuestario.
La intención es que la comisión avance con las iniciativas o incluso las despache ese mismo día. Si eso no se concreta, se buscaría completar la tramitación el lunes y someter los proyectos a votación en sala el martes de la semana próxima.
Para habilitar esa instancia, la presidenta del Senado tratará de convocar este miércoles a los jefes de comité, participando por vía telemática desde Europa, con el fin de ajustar la agenda legislativa.
La iniciativa tiene dos propósitos: responder a las víctimas y evitar nuevas reducciones de condena, además de presentar a Rabat como parte de la solución. Esto último permitiría al Gobierno enfrentar políticamente las críticas y la acusación constitucional.
La oposición pretende evitar que Rabat obtenga respaldo
La oposición, en cambio, tiene una estrategia distinta. El miércoles pasado, los comités PS-PPD y Unidos —integrado por la DC, el Frente Amplio y el Partido Comunista— se reunieron a almorzar para recomponer vínculos y coordinarse con la meta de actuar como “una sola oposición”.
Fuentes al tanto de la reunión señalaron que en la conversación surgió el temor de que acelerar la tramitación termine beneficiando al ministro. Aunque no se acordó expresamente bloquear los proyectos, sí hubo una postura política compartida: consideran inaceptable que Rabat, a quien atribuyen la responsabilidad por la crisis, lidere la respuesta legislativa y obtenga réditos por su aprobación.
Según explicaron fuentes a Radio Bío Bío, estos sectores buscan restringir la capacidad de acción política del ministro. No pretenden rechazar el contenido de la propuesta, sino evitar que su aprobación contribuya a fortalecer la posición de Rabat y aparte la atención de las responsabilidades que se le atribuyen.
La primera prueba de esta estrategia se dará en la agenda del Senado. Según datos recabados por este medio, José Luis Castro y Ricardo Celis, jefe y subjefe del comité PS-PPD, rechazarán que la Comisión de Constitución se reúna extraordinariamente este viernes. El comité Unidos también respaldaría esa postura.
En la oposición afirman que modificar las tablas legislativas previamente acordadas exige unanimidad, y no están dispuestos a darla. El oficialismo podría recurrir a una interpretación del reglamento para que el cambio se apruebe por mayoría, aunque aun así tendría que sortear otro impedimento.
Mirosevic, entre avanzar y excluir a Rabat
En este contexto, Vlado Mirosevic, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, podría desempeñar un papel determinante.
Fuentes consultadas por Radio Bío Bío indican que, si los comités aprobaran por mayoría una sesión extraordinaria, una posibilidad sería que Mirosevic no convoque a la comisión, dado que citarla es una facultad de quien la preside.
El parlamentario ha expresado que está dispuesto a coordinarse con su comité PS-PPD, diferenciándose de la forma en que dirigía la instancia su antecesor, Pedro Araya. Aun así, no hay una decisión final de impedir la reunión, pues dependerá de lo que acuerden los comités.
Otro antecedente, sin embargo, da cuenta de hasta qué punto podría escalar la disputa política.
De acuerdo con información obtenida fuera de micrófono, aunque los comités lleguen a un acuerdo unánime para reunirse, el ministro Fernando Rabat podría simplemente no ser convocado a la discusión.
La idea sería que la comisión tramite los proyectos sin la participación del titular de Justicia, en un gesto político que busca reducir su protagonismo en la búsqueda de una salida legislativa.
En los hechos, se trataría de excluir a Rabat del diálogo parlamentario sobre una crisis que la oposición le atribuye principalmente. La medida mostraría distancia frente al Gobierno, aunque no necesariamente detendría el avance de la iniciativa.
Mirosevic está en Honduras, donde participa en un foro sobre justicia internacional, pero su ausencia no impediría que la comisión sesione el viernes. Si se alcanza unanimidad, está dispuesto a convocarla, aunque sin invitar al ministro.
Hasta ahora, la Comisión de Constitución no ha agendado una sesión para abordar los proyectos. Por ello, el encuentro de los comités este miércoles será clave para resolver cuáles serán los siguientes pasos.
Celis: “Que no sea un salvavidas para el Gobierno”
Las declaraciones públicas han sido menos categóricas. Ricardo Celis afirmó que existe un respaldo amplio a impedir beneficios para condenados por violaciones y abusos sexuales contra menores, y que la ley debe avanzar pronto. No obstante, advirtió que el Ejecutivo no debe usar la tramitación para eludir sus responsabilidades.
“Claramente, esta tramitación de ley tiene que ser pronto, pero eso no obsta que sea un salvavidas para el Gobierno para hacerse el Larry en una cuestión que todos sabemos en Chile que ha provocado dolor a muchas familias”, sostuvo.
“Creo que tiene que haber tramitación rápida; los ripios tienen que despejarse, pero que no sea este el motivo de excusa para una cuestión inexcusable que ha cometido el Gobierno”, añadió.
La senadora María José Gatica, de RN, respaldó que las iniciativas avancen: “Junto a un grupo de senadores hemos presentado un proyecto de ley para ponerle un candado a los pedófilos, pero de verdad”.
También llamó a actuar con rapidez el senador republicano Renzo Trisotti: “Creo que el deber que hoy día tiene el Congreso Nacional frente a este grave conflicto es anteponer ante todo a las víctimas”.
La controversia no gira en torno a la necesidad de corregir las normas, sino a quién liderará la respuesta y con qué rapidez. El oficialismo intentará que la sala vote el próximo martes, mientras que sectores opositores buscarán evitar que Rabat asuma un rol central en la resolución de una crisis que le atribuyen.
La reunión de comités prevista para el miércoles permitirá determinar si Núñez consigue convocar una sesión extraordinaria o si la oposición frena el calendario. Aun si se logra un acuerdo, excluir a Rabat de la discusión dejaría claro que el conflicto excede los plazos legislativos.
En el Senado, tanto la agenda de sesiones como la nómina de invitados se han vuelto instrumentos de presión política, mientras la acusación constitucional continúa condicionando el futuro del ministro.
