El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó este jueves a ocho migrantes de integrar la organización criminal transnacional Tren de Aragua y de participar en asesinatos, secuestros y otros actos violentos cometidos en Texas e Illinois. Cinco de ellos fueron imputados en el Distrito Norte de Texas por asociación delictiva, secuestro y homicidio; los otros tres enfrentan cargos en Chicago por el secuestro y asesinato a tiros de un hombre en mayo pasado.
Todos los señalados son ciudadanos venezolanos que, según las autoridades, ingresaron de forma irregular al país entre diciembre de 2021 y abril de 2024. Si resultan culpables, se exponen a cadena perpetua y, en el caso de cinco de ellos, a la pena de muerte.
La acusación formal presentada en Texas, que concentra a la mayoría de los procesados, entrega escasos detalles sobre los hechos y no incluye las pruebas que respaldan los cargos. El escrito sostiene que el 24 de agosto de 2024 los acusados secuestraron a tres personas, y atribuye a Héctor García Zúñiga, Carlos Zambrano Bolívar y Jhonny Martínez Serrano la participación en el asesinato de una de las víctimas, sin identificarlas ni precisar el rol de cada imputado.
Zambrano Bolívar ya había enfrentado en febrero un juicio estatal por asesinato capital vinculado a esos mismos hechos. El proceso fue anulado después de que el jurado no alcanzara un veredicto unánime. En esa oportunidad, su abogado, Sean Daredia, afirmó a un medio local que su defendido fue víctima de trata con fines de explotación sexual por parte del Tren de Aragua y que habría actuado bajo coacción por temor a represalias contra él y su familia.
Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, organizaciones de derechos humanos han cuestionado el uso del Tren de Aragua por parte del Gobierno como argumento para sus políticas migratorias. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado que las autoridades han detenido a venezolanos señalándolos como miembros de la banda sin aportar evidencias suficientes ni verificar antecedentes penales, calificando estos casos como detenciones arbitrarias. Entre los episodios más controvertidos, a comienzos de año Washington trasladó a cientos de venezolanos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador y envió a otros a la base naval de Guantánamo. Según informes de ambas organizaciones, la mayoría no tenía antecedentes ni vínculos comprobados con el grupo, y algunos fueron identificados por sus tatuajes.
El Gobierno también ha presentado al Tren de Aragua como parte de una supuesta “invasión” migratoria promovida por el Ejecutivo venezolano, una narrativa que ha sido puesta en duda por evaluaciones de la propia comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Desde enero de 2025, el Departamento de Justicia ha formulado cargos federales contra más de 300 presuntos integrantes o colaboradores de esta organización.
