¿Alcanza para una acusación constitucional? Esa es la discusión que comenzó a instalarse en el Congreso luego de que la Contraloría determinara que la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se excedió en sus atribuciones y vulneró el deber de abstención al solicitar a la PDI información sobre funcionarios involucrados en una investigación penal en curso.
El dictamen abrió un nuevo flanco para el Gobierno del presidente José Antonio Kast. Mientras algunos parlamentarios impulsan una comisión investigadora y no descartan un libelo acusatorio, otros piden moderación para evitar otra escalada de acusaciones en el Parlamento. Especialistas, por su parte, llaman a enfriar el debate.
Diputados evalúan acusación constitucional y otras medidas contra Steinert
El diputado Raúl Leiva (PS), uno de los autores de los requerimientos que motivaron el pronunciamiento del ente fiscalizador, sostuvo que el fallo es categórico y calificó la conducta de la exministra como gravísima. Adelantó que la bancada socialista revisará el alcance del dictamen y perseguirá todas las responsabilidades políticas y administrativas disponibles, sin cerrar la puerta a ninguna herramienta constitucional.
En la misma línea, el diputado Luis Cuello (PC) respaldó la idea de una comisión investigadora y sostuvo que, objetivamente, se podrían configurar causales para un juicio político.
Desde el Frente Amplio, el diputado Jorge Brito afirmó que la situación debería tener efectos en la trayectoria profesional de Steinert, señalando que su actuación ilegal, como establece la Contraloría, amerita impedir su eventual regreso al Ministerio Público y revisar posibles sanciones.
El diputado Patricio Pinilla, quien también recurrió a Contraloría, valoró que se estableciera el incumplimiento de funciones y atribuciones. A su juicio, corresponde evaluar próximos pasos políticos y legislativos, recordando que en el pasado se acusó constitucionalmente por hechos que considera de menor entidad, por lo que ve razonable estudiar una comisión investigadora o una nueva acusación, dado que el dictamen advierte infracciones a deberes constitucionales y legales.
Llamados a descomprimir el clima político
La senadora Paulina Núñez (RN) rechazó abrir otro proceso acusatorio y llamó a priorizar las demandas ciudadanas, evitando encadenar al Congreso a disputas de esta naturaleza. Recordó que, durante la acusación contra el exministro Nicolás Grau, hubo voces transversales que pidieron no usar esa herramienta. Exigió coherencia a quienes entonces criticaron su empleo y hoy la promueven.
¿Existe margen político para una acusación contra Steinert?
Para Gustavo Campos, investigador del Centro Democracia y Opinión Pública de la UDP, el dictamen crea un frente complejo para La Moneda y, al mismo tiempo, pone a prueba a la oposición sobre el uso de las acusaciones constitucionales. Señaló que deberán evaluarse con rigor los méritos jurídicos y los cálculos políticos necesarios para que una ofensiva de ese tipo prospere.
Según Jaime Contreras, académico del Doctorado en Gobierno de la Universidad de Concepción, Steinert llegó al Ejecutivo con una lógica más propia del sistema judicial que de la administración pública. A su juicio, ahí radica una posible extralimitación: mientras el Poder Judicial puede requerir antecedentes a otros órganos, la administración debe ceñirse estrictamente a las competencias legales. Agregó que existía un conflicto de interés latente, pues la causa involucraba a funcionarios con los que trabajó cuando fue fiscal regional de Tarapacá, lo que debió haberla llevado a abstenerse.
En ese contexto, Contreras considera plausible que la oposición evalúe seriamente una acusación constitucional, dado que habría una extralimitación en derecho público y un clima político que podría favorecer ese curso de acción.
