La tramitación del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) continúa estancada. La iniciativa, considerada clave para definir el marco legal que regula la actuación de las policías y las Fuerzas Armadas, fue ingresada al Congreso en abril de 2023 y se encuentra en su tercer trámite constitucional, a la espera de que se conforme una Comisión Mixta que zanje las diferencias surgidas en el debate.
El principal nudo sigue siendo la falta de acuerdo sobre el contenido de las normas. En el oficialismo reconocen que persisten desacuerdos en aspectos sustantivos. Algunos advierten que la redacción vigente podría limitar la acción de los funcionarios, alejándose del objetivo de otorgar mayor respaldo jurídico. Otros sostienen que, sin eximentes de responsabilidad claramente definidos, el texto incluso podría significar un retroceso respecto de la Ley Naín-Retamal.
En ese marco, el senador de Renovación Nacional, Andrés Longton, planteó que, mientras no existan garantías suficientes para policías y Fuerzas Armadas, es preferible mantener la legislación actual. A su juicio, cualquier avance debe asegurar que las nuevas reglas no impliquen un paso atrás respecto de lo ya consagrado.
La competencia de la justicia militar en causas que involucren a miembros de las Fuerzas Armadas sigue siendo otro foco de discrepancia. Desde sectores de oposición vinculados al Socialismo Democrático, estiman que los reparos técnicos no debieran seguir frenando la tramitación.
El senador Pedro Araya (PPD) sostuvo que el principal problema es político y llamó al Ejecutivo a priorizar y encauzar la negociación para destrabar una ley que, a su juicio, es esencial para entregar certeza jurídica.
En paralelo, el ministro de Defensa, Fernando Barros, señaló que las Fuerzas Armadas han expresado la necesidad de contar con un marco normativo claro para su actuación. Planteó además la interrogante de cómo debe entenderse la racionalidad en el uso de la fuerza en contextos que no son ni de guerra internacional ni de control del orden público en manifestaciones. Por ello, afirmó que el Gobierno decidió reiniciar la discusión para perfeccionar el proyecto y encaminarlo hacia una pronta aprobación.
