Desde hace medio año, Washington aplica una estrategia de máxima presión sobre Cuba: un embargo energético que ha disparado los apagones, nuevas sanciones que disuaden a inversores foráneos y, en el trasfondo, la insinuación recurrente de una intervención militar. Ni el canal de diálogo abierto entre ambos gobiernos ni el amplio paquete de reformas económicas anunciado por La Habana han reducido una presión que, en el plano social y económico, amenaza con desbordar a una isla ya sumida en una crisis profunda.
Presiones de Estados Unidos a Cuba
La campaña se activó el 3 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas. “Si estuviera en La Habana, estaría preocupado”, advirtió entonces el secretario de Estado, Marco Rubio. Desde ese momento, la Casa Blanca endureció su retórica y elevó el pulso económico y militar. El presidente Donald Trump ha reiterado su disposición a “tomar” Cuba, a la que califica como “Estado fallido”, y ha puesto sobre la mesa la opción militar.
Un hito fue la orden ejecutiva del 29 de enero que consolidó el cerco petrolero al cortar el suministro de crudo venezolano. La consecuencia inmediata ha sido la intensificación de los cortes eléctricos: hoy los hogares cubanos disponen, de media, entre una y dos horas de servicio al día. El 1 de mayo, otra orden ejecutiva activó sanciones secundarias contra empresas extranjeras vinculadas al Estado cubano.
A partir de entonces, se encadenaron salidas: la minera canadiense Sherritt —principal inversión en el país—, varias cadenas hoteleras internacionales, las dos mayores navieras que operaban en puertos cubanos y el banco que tramitaba operaciones con Visa y Mastercard anunciaron su retirada. La imagen de autobuses esperando turistas en La Habana se ha vuelto símbolo de una actividad que se desvanece.
Diálogo
El 13 de marzo, el presidente Miguel Díaz-Canel confirmó contactos formales entre ambos gobiernos, después de semanas en las que Trump insistía en que había conversaciones y urgía a cerrar un acuerdo. Del lado cubano emergió como interlocutor de confianza Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, sin cargo oficial pero con ascendencia política.
Hasta ahora se han producido al menos cuatro reuniones presenciales. Dos fueron de carácter político —una en La Habana y otra en San Cristóbal y Nieves—, sin detalles públicos sobre su contenido. Otra cita abordó asuntos de seguridad, con la presencia del director de la CIA, John Ratcliffe, y una más, centrada en defensa, se realizó cerca de la base de Guantánamo con la participación del jefe del Comando Sur, Francis Donovan.
Washington exige transformaciones de calado en los ámbitos político y económico. La Habana responde que esos asuntos corresponden a su soberanía y no son objeto de negociación. En paralelo, el Gobierno cubano aprobó en menos de una semana un paquete de reformas que, de implementarse plenamente, supondría el mayor viraje económico en al menos quince años. Díaz-Canel niega que estas medidas respondan a presiones externas.
Objetivos
La Administración estadounidense ha esgrimido varios argumentos para sostener su presión. El principal: la gravedad de la crisis, que a su juicio exige un cambio del sistema político para reordenar la economía. También ha acusado a Cuba de facilitar instalaciones a “adversarios” como Rusia y China para bases militares y centros de inteligencia. A ello suma denuncias por violaciones de derechos humanos, con un registro de más de un millar de presos políticos.
Coste social
El impacto social en Cuba es evidente. La crisis estructural que arrastra desde 2020 se ha agravado con los apagones, que impiden una vida cotidiana mínimamente funcional y paralizan sectores clave. Las escuelas recortaron el calendario, el transporte público prácticamente desapareció, los hospitales operan al límite, la industria se detuvo y, con los cortes de luz, bancos, oficinas estatales y servicios de telecomunicaciones apenas operan. En La Habana se acumulan montañas de basura por la falta de combustible para los camiones de recogida.
Las protestas se han multiplicado en las últimas semanas. Predominan cacerolazos y quemas nocturnas de desechos por grupos de decenas de personas, en su mayoría acciones pacíficas que a veces son reprimidas. Carecen, por ahora, de continuidad y de una articulación política definida.
