Los diputados Roberto Arroyo (independiente) y Catalina del Real (Partido Republicano) ingresaron un proyecto de ley que incorpora nuevas exigencias para barberías, peluquerías y comercios similares.
La iniciativa exige que los titulares de patentes comerciales acrediten que el personal que atiende al público no registra antecedentes penales y, en el caso de trabajadores extranjeros, que cuentan con situación migratoria regular. Para ello, se propone modificar el decreto ley N° 3.063 sobre Rentas Municipales, de modo que la entrega y renovación de patentes quede supeditada al cumplimiento de estos requisitos.
En términos operativos, los administradores de los locales deberán conservar documentación vigente de su personal, incluyendo certificados de antecedentes y, para personas extranjeras, permisos de residencia o autorizaciones laborales al día.
Los parlamentarios explicaron que la medida responde a la preocupación por el uso de ciertos giros como fachada para actividades ilícitas, en línea con advertencias de la Cámara Nacional de Comercio sobre posible infiltración del crimen organizado en rubros como barberías, ópticas y centros de estética.
El proyecto además obliga a los titulares a llevar un registro actualizado de quienes atienden en el local, disponible para la fiscalización municipal. También contempla la caducidad de la patente cuando se permita trabajar a personas que no cumplen los requisitos o cuando el establecimiento no disponga del registro correspondiente.
Arroyo destacó que la propuesta no persigue a quienes trabajan de forma honesta, sino que busca cerrar espacios de informalidad aprovechados por la delincuencia, afirmando que los locales que cumplen la ley no tienen nada que temer. Del Real, por su parte, recalcó que los municipios requieren herramientas efectivas para fiscalizar y actuar frente a comercios que operan fuera de la normativa, con el objetivo de proteger la seguridad de los vecinos.
Los legisladores subrayaron que el objetivo es reforzar la fiscalización municipal sin perjudicar a quienes ejercen estas actividades de manera formal y conforme a la ley.
