Keiko Fujimori fue elegida presidenta del Perú en una reñida segunda vuelta, superando al candidato de izquierda Roberto Sánchez por cerca de 49 mil votos. Tras conocerse los resultados finales, surgieron múltiples lecturas sobre el nuevo escenario político, en particular sobre el peso que ha tenido el fujimorismo en los últimos años.
En ese marco, se destaca la influencia de Fujimori desde el Congreso, donde la bancada de Fuerza Popular operó con cohesión y articuló decisiones clave junto a aliados políticos después de la caída de Pedro Castillo. Según el politólogo José Alejandro Godoy, esa bancada se convirtió en la más relevante tras la fragmentación de Perú Libre y, por su experiencia parlamentaria, logró arrastrar apoyos y tener un control más directo de la agenda congresal. Aun así, precisó que, pese a su protagonismo como primera minoría, no fue la única responsable del manejo del Parlamento, aunque sí la que cargó con mayor cuota de responsabilidad.
Durante la campaña, uno de los cuestionamientos a Fujimori fue su presunta injerencia en los tres últimos gobiernos, lo que abrió el debate sobre si ya ejercía el poder de facto. Godoy matiza esa tesis: no gobernó en exclusividad, pero sí dispuso de una cuota de poder superior a la usual en un régimen presidencial, en un contexto de alta rotación en la jefatura del Estado.
El analista Enrique Castillo coincide en que, tras la salida de Pedro Castillo, se configuró una alianza parlamentaria que controló resortes clave del poder, con Fuerza Popular como fuerza dominante junto a Alianza para el Progreso. Evita hablar de “gobierno” paralelo, pero subraya la fuerte disciplina interna y cohesión de Fuerza Popular, rasgos que le otorgaron influencia determinante. En los hechos, ese bloque impulsó nombramientos decisivos en los últimos cinco años, como los magistrados del Tribunal Constitucional y el titular de la Defensoría del Pueblo. Críticos sostienen que, desde esa Defensoría, pudo incidirse en la elección de miembros de la Junta Nacional de Justicia. Además, el Congreso promovió procedimientos de sanción contra integrantes de la JNJ, fiscales supremos, magistrados y opositores, incluido el caso de Martín Vizcarra, inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos.
Consultada recientemente sobre si “ya gobernaba” antes de su elección, Fujimori lo negó. Argumentó que gobernar implica diseñar e implementar políticas públicas desde el Ejecutivo —infraestructura, salud, educación y asistencia en territorio—, tareas que solo corresponden a la Presidencia. Reconoció, no obstante, haber detentado poder político y el respaldo para legislar, representar y fiscalizar, funciones propias del Congreso, pero distintas de gobernar.
Esa explicación fue cuestionada por Mesías Guevara, excongresista y excandidato presidencial, quien sostuvo que el fujimorismo sí dominó espacios de poder, en alianza con intereses económicos, y que su ascendiente se hizo más evidente desde 2016. Afirmó que, en el período 2025-2026, con Fernando Rospigliosi en la presidencia del Congreso, se adoptaron medidas que afectaron la institucionalidad. A su juicio, el fujimorismo ya ejercía mando real, con adeptos en ministerios, entidades y reguladores.
Para Enrique Castillo, el rol de Fujimori cambia con su llegada al Ejecutivo: deja de ser opositora e influyente desde el Legislativo para asumir la responsabilidad directa de las decisiones y resultados. Todo lo que ocurra bajo su administración —incluidas las acciones de sus ministros y funcionarios— quedará bajo su balance político.
En cuanto a su futuro gobierno, Godoy anticipa continuidad en los lineamientos centrales del modelo económico, con mayor gasto público y la probabilidad de impulsar proyectos de tinte populista para mostrar resultados rápidos. Advierte, sin embargo, que la degradación de las capacidades estatales de la última década —a la que el fujimorismo también contribuyó— puede obstaculizar esos objetivos.
