Las diputadas del Frente Amplio Javiera Morales y Lorena Fries oficiaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a la Subsecretaría de Derechos Humanos para exigir explicaciones por el cierre de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI). La medida, conocida recientemente y que ha generado inquietud entre víctimas y organizaciones, instala dudas sobre la continuidad de las tareas de búsqueda y acompañamiento.
En el oficio, las parlamentarias pidieron que el Gobierno detalle los fundamentos técnicos y presupuestarios que motivaron el término de una unidad creada hace apenas cuatro meses para cumplir un mandato legal, y precise de qué manera se asegurará la continuidad de las funciones que venía desempeñando.
Las adopciones ilegales o forzadas se registran en Chile al menos desde la década de 1950 y se intensificaron durante la dictadura. Investigaciones recientes calculan que superan los 20 mil casos a nivel nacional.
La UBAFI fue constituida en febrero por la Subsecretaría de Derechos Humanos, luego de que la Ley de Reajuste del sector público encargara a ese organismo realizar investigaciones administrativas cuando los tribunales lo solicitaran en causas de adopciones irregulares. Entre sus tareas estaban la recopilación documental, la coordinación de pericias genéticas con el Servicio Médico Legal, el apoyo jurídico, el acompañamiento psicosocial a las víctimas y la vinculación con entidades nacionales e internacionales para facilitar reencuentros familiares.
Pese a ello, la Subsecretaría de Derechos Humanos, bajo el Gobierno de José Antonio Kast, dejó sin efecto la unidad mediante una resolución de junio y trasladó sus funciones al gabinete de la subsecretaría, encabezada por Pablo Mira, desvinculando a los tres profesionales que integraban el equipo.
Tras conocerse la determinación, Morales y Fries solicitaron que el Ejecutivo explique las razones del cierre y los mecanismos con que garantizará que el traspaso de funciones permita responder con oportunidad tanto a los requerimientos judiciales como a las solicitudes de búsqueda de origen. También pidieron precisar cómo se mantendrán los convenios de cooperación internacional, los procesos de reunificación familiar y los análisis genéticos considerados en la aplicación de la ley.
Javiera Morales, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, cuestionó la decisión y recordó que aún hay miles de familias esperando respuestas. Señaló que en los últimos años se han producido reencuentros entre madres a quienes se les arrebató a sus hijos e hijas, y personas que buscan conocer su identidad, y subrayó que la unidad trabajaba en coordinación con organizaciones de víctimas. A su juicio, cerrar sin informar cómo continuará esa labor implica una doble victimización para las mujeres afectadas y exigió una explicación pública del Gobierno.
Lorena Fries, de la Comisión de Familia, puso el foco en que la UBAFI contribuía a reunir familias separadas dentro y fuera del país. Agregó que el cierre debe leerse también a la luz de las indagatorias sobre vulneraciones a niños, niñas y adolescentes que impulsa la Comisión de Verdad, y calificó la medida como un retroceso para una administración que se comprometió a priorizar a la niñez.
Las gestiones de las diputadas se suman a las críticas de organizaciones de víctimas y del exministro de Justicia Jaime Gajardo, quien sostuvo que la clausura de la unidad constituye un retroceso significativo, considerando que fue creada precisamente para dar cumplimiento al mandato legal de búsqueda administrativa y coordinación con el Poder Judicial y el Servicio Médico Legal.
