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RUF: el proyecto continúa estancado a la espera de la comisión mixta

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Bárbara PaillalPeriodista en Radio Bío Bío

El trámite de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) sigue estancado. Se trata de una normativa clave para definir el marco legal de actuación tanto de las policías como de las Fuerzas Armadas. El proyecto ingresó al Congreso en abril de 2023 y permanece en tercer trámite constitucional, a la espera de que se instale una comisión mixta que resuelva las discrepancias.

En el oficialismo reconocen que la falta de acuerdos sobre el contenido es el principal freno. Algunos parlamentarios advierten que la redacción actual podría limitar la acción de los funcionarios, especialmente en el uso proporcional de la fuerza y la regulación de armas potencialmente letales, lo que iría en contra del objetivo de fortalecer su respaldo jurídico. Otros sostienen que, sin eximentes claros de responsabilidad, el texto incluso podría significar un retroceso respecto de la Ley Naín-Retamal.

El senador Andrés Longton (RN) planteó que, mientras no existan garantías suficientes para policías y militares, es preferible mantener el marco vigente. A su juicio, cualquier avance debe asegurar que no habrá retrocesos respecto de las normas actuales y que las instituciones cuentan hoy con herramientas adecuadas para actuar.

Otro punto que tensiona la discusión es la competencia de la justicia militar en causas que involucren a miembros de las Fuerzas Armadas, tema que sigue sin resolución. Desde el Socialismo Democrático, en cambio, sostienen que las diferencias técnicas no justifican más retrasos. El senador Pedro Araya (PPD) afirmó que lo que falta es una conducción política más clara por parte del Ejecutivo para priorizar la ley y construir acuerdos que entreguen certeza jurídica.

El ministro de Defensa, Fernando Barros, señaló recientemente que las Fuerzas Armadas requieren un marco jurídico nítido para operar. Subrayó las dificultades de definir la “racionalidad” en el uso de la fuerza en escenarios que no corresponden ni a conflictos internacionales ni al control del orden público en manifestaciones. A la vez, indicó que el Gobierno optó por reabrir la discusión con el fin de perfeccionar el proyecto y acelerar su aprobación.