El caso por presunto fraude al fisco que involucra al senador Miguel Ángel Calisto experimentó un giro este martes. El Juzgado de Garantía de Coyhaique dejó sin efecto el cierre de la investigación y la acusación presentada por la Fiscalía Regional de Aysén, ordenando reabrir la causa por 60 días para ejecutar nuevas diligencias.
La resolución representa un revés para el Ministerio Público, que recientemente había solicitado 12 años de cárcel para el parlamentario y había ingresado una nueva petición de desafuero para llevar el caso a juicio oral.
Con este fallo, el proceso regresa a la etapa investigativa. En la práctica, la acusación queda invalidada y la solicitud de desafuero presentada contra el senador —que iba a revisarse este viernes— no puede seguir su curso por ahora.
El tribunal adoptó esta decisión tras acoger un requerimiento de la defensa de otro imputado, Felipe Klein, que había pedido diligencias rechazadas por la Fiscalía. A ello se suman actuaciones solicitadas por la defensa de Calisto y aceptadas por el Ministerio Público bajo el principio de objetividad.
Entre las gestiones autorizadas figuran nuevas declaraciones de testigos, oficios a organismos públicos, informes policiales, revisión de cuentas bancarias y peritajes de firmas. Con estos antecedentes, la defensa pretende refutar la tesis del Ministerio Público y las declaraciones de los excolaboradores de Calisto, Roland Cárcamo y Carla Graf. El nuevo plazo de investigación será de 60 días.
El abogado del senador, César Ramos, afirmó que la resolución respalda las objeciones planteadas al cierre de la indagatoria. Sostuvo que el cierre fue intempestivo y les impidió solicitar diligencias sobre antecedentes que desconocían. A su juicio, la reapertura permitirá realizar actuaciones esenciales antes de definir si corresponde acusar al parlamentario. Añadió que ya pidieron diversas diligencias —oficios, testimonios e informes policiales— que se discutirán en una audiencia fijada para el 27 de julio, con el objetivo de acreditar la inocencia de Calisto.
Uno de los efectos más relevantes apunta al desafuero. La Fiscalía lo había solicitado nuevamente tras presentar la acusación, dado que el senador recuperó fuero al asumir su cargo actual, pese a haber sido desaforado cuando era diputado. Sin embargo, al revertirse el cierre de la investigación, desaparece el requisito legal para pedir el desafuero. Según Ramos, tanto la acusación como la solicitud de desafuero exigen una investigación cerrada, condición que ya no está vigente. Por ello, la defensa sostiene que incluso debería suspenderse la audiencia programada en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
La causa se originó por un presunto esquema de fraude al fisco entre 2018 y 2022, período en el que Calisto era diputado. De acuerdo con la Fiscalía, el entonces parlamentario habría coordinado junto a su exjefe de campaña, Roland Cárcamo, y la asesora Carla Graf un mecanismo para obtener recursos públicos mediante asesorías parlamentarias que no se habrían ejecutado. El Ministerio Público sostiene que Graf operó como “funcionaria fantasma”: recibía pagos del Congreso por trabajos presuntamente ficticios y parte de esos fondos habría sido derivada a Calisto y Cárcamo.
Con la reapertura ordenada por el tribunal, la Fiscalía deberá completar las nuevas diligencias antes de decidir nuevamente si cierra la investigación y presenta una nueva acusación.
