Académicos de diversas universidades del país, convocados por la Defensoría de la Niñez, advirtieron que endurecer las sanciones para adolescentes infractores no cuenta con respaldo empírico para disminuir la delincuencia y, en ciertos casos, podría incrementar la reincidencia.
La posición fue expuesta en una declaración conjunta difundida este martes, en paralelo al debate en la Sala del Senado sobre la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Según el documento, la evidencia no avala políticas centradas exclusivamente en penas más severas, la disuasión o la reducción de la edad de responsabilidad penal, y advierte que estas medidas incluso pueden empeorar los resultados.
En contraste, los especialistas destacaron mejores resultados en enfoques de reinserción, como intervenciones terapéuticas, programas socioeducativos y de corte cognitivo-conductual, junto con asegurar la continuidad educativa y fortalecer el apoyo familiar y comunitario.
La declaración surgió tras una reunión organizada por la Defensoría de la Niñez con expertos en criminología, justicia juvenil, políticas públicas y derechos humanos de distintas universidades, entre ellas la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad Diego Portales y la Universidad de Concepción.
Además de fijar postura sobre el proyecto, los académicos pidieron al Senado instalar una mesa técnica que incorpore evidencia especializada antes de seguir con la tramitación. También llamaron a ampliar el debate más allá del aumento de sanciones y abordar falencias estructurales: eficacia de las investigaciones, altos niveles de archivo provisional, necesidad de salidas judiciales efectivas y problemas en la ejecución de penas. Plantearon, asimismo, la urgencia de financiamiento estable para programas de prevención y reinserción.
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo que la preocupación por la seguridad es legítima, pero subrayó que las decisiones en justicia juvenil deben basarse en evidencia. Afirmó que la responsabilización, la prevención de nuevos delitos y la reinserción social no son objetivos excluyentes, sino componentes complementarios para una política capaz de reducir efectivamente la delincuencia.
