La presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), la jueza Mariela Hernández, cuestionó la decisión de la Corte Suprema de reabrir cuadernos de remoción contra jueces previamente sumariados por viajar al extranjero mientras estaban con licencia médica.
Según informó La Tercera, Hernández expresó preocupación por la interpretación del artículo 80 de la Constitución, cuya eliminación planteó como necesaria. A su juicio, la Corte Suprema no respetó las etapas del proceso y anunció que presentarán un reclamo ante el Tribunal Constitucional.
Hernández recalcó que su inquietud no responde a molestia, sino a la forma en que el máximo tribunal aplicó el artículo 80 para reevaluar la idoneidad de magistrados en causas ya ejecutoriadas, incluso con sanciones cumplidas. Recordó que las investigaciones se iniciaron bajo el Acta 108 de 2020, dictada por la propia Corte, y cuestionó que se reabrieran los antecedentes con posterioridad.
Subrayó que la ANMM no busca amparar conductas irregulares, sino resguardar el debido proceso. Advirtió que revivir causas cerradas pone en riesgo la cosa juzgada y la certeza jurídica, con implicancias graves para el Estado de Derecho. Consultada sobre la pertinencia de abrir nuevos procedimientos al amparo del artículo 80 una vez concluidas las indagatorias, sostuvo que ello implica un doble juzgamiento y que la única potestad de la Corte era revisar aquellas causas apeladas.
En cuanto a las acciones a seguir, informó que la ANMM firmó un convenio con el abogado Ciro Colombara para representar individualmente a los jueces que lo soliciten. Añadió que trabajan con otro equipo jurídico para agotar instancias internas, como el Tribunal Constitucional, y eventualmente acudir a tribunales internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hernández planteó que el caso abre el debate sobre eliminar el artículo 80 y reformar el sistema disciplinario, con procedimientos y sanciones claramente establecidos. Afirmó que la Corte Suprema ordenó abrir cuadernos de remoción porque no habría quedado conforme con los resultados de los procesos disciplinarios previos.
Finalmente, recalcó que la asociación no pretende justificar un eventual mal uso de licencias médicas, pero exige que cualquier sanción se aplique con pleno respeto al debido proceso. Aceptó que, de acreditarse un uso indebido, la remoción puede ser procedente, siempre que se establezca mediante un procedimiento ajustado a derecho.
