Este martes, un grupo transversal de diputadas y diputados de la oposición anunció la creación de una comisión especial investigadora para analizar el dictamen de la Contraloría General de la República que determinó que la exministra Trinidad Steinert excedió sus atribuciones. No descartaron, además, la posibilidad de impulsar una acusación constitucional en el futuro.
Con esta instancia, las y los parlamentarios buscan esclarecer responsabilidades políticas y administrativas de la exministra, revisar eventuales incumplimientos en el desempeño de su cargo y evaluar las consecuencias institucionales derivadas de estos hechos.
La diputada del Frente Amplio y miembro de la comisión de Seguridad, Tatiana Urrutia, señaló que el Gobierno debe responder las interrogantes que anteriormente evitó abordar. Enfatizó que no se trata de una confrontación entre bloques políticos, sino de un episodio grave, ya que la entonces autoridad a cargo de la seguridad pública intervino en una investigación relacionada con el crimen organizado. Afirmó que fue la labor fiscalizadora del Congreso la que permitió conocer que la exministra actuó fuera de la ley.
El diputado independiente PPD e integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, explicó las razones para no presentar por ahora una acusación constitucional. Indicó que buscan actuar con prolijidad y no usar esta herramienta de manera instrumental, aludiendo al fallido libelo contra el exministro Nicolás Grau. Agregó que es necesario esclarecer qué sabía el Presidente, cuál fue el rol del equipo del Segundo Piso y qué acciones tomó el ministro del Interior, considerando que la Contraloría —órgano imparcial— declaró que lo ocurrido fue ilegal. No descartó una acusación si surgen antecedentes serios sobre la exministra u otras autoridades, pero recalcó que hoy corresponde investigar a fondo y determinar todas las responsabilidades.
En la misma línea, el diputado Raúl Leiva (PS) confirmó que, en el marco de la oposición, acordaron constituir una comisión especial investigadora para revisar estos actos de gobierno y sus posibles efectos en otros órganos del Estado.
Desde la Democracia Cristiana, el diputado Patricio Pinilla subrayó que optarán por un uso responsable de las herramientas fiscalizadoras de la Cámara. Sostuvo que no se cierra la puerta a una acusación constitucional, pero que antes deben reunirse más antecedentes, escuchar a las personas involucradas y precisar con claridad las irregularidades que, a su juicio, se han cometido en este caso.
