La posibilidad de conceder un indulto a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social sigue tensionando el debate político. En ese marco, parlamentarios de Renovación Nacional presentaron alternativas al proyecto de indulto general promovido por el Partido Nacional Libertario.
En específico, RN ingresó una propuesta para modificar el delito de apremios ilegítimos en el Código Penal, de modo que solo sea aplicable cuando la víctima esté bajo custodia del funcionario público imputado.
Además, plantean la creación de una Comisión de Justicia y Reparación Policial, encargada de revisar los casos vinculados al estallido social en los que participaron fuerzas del orden. Según el diputado Eduardo Durán (RN), el cambio permitiría analizar, en particular, situaciones que fueron sobreseídas o no terminaron con condena. A su juicio, numerosos carabineros fueron dados de baja pese a haber sido finalmente absueltos por los tribunales.
Mientras tanto, el Partido Nacional Libertario mantiene su apuesta por un indulto general para uniformados condenados o procesados por hechos asociados al 18-O. La iniciativa, impulsada por su presidente Johannes Kaiser y respaldada por el Partido Republicano, sostiene que la respuesta debe ser un perdón amplio y no solo revisiones individuales.
El vicepresidente del PNL, Hans Marowski, valoró que se busquen mejoras legales, pero afirmó que estas no sustituyen un indulto, sino que, en el mejor de los casos, lo complementan. A su entender, respecto de quienes actuaron en resguardo del orden público, no basta con reevaluar los expedientes: se requiere reparar mediante un indulto.
Desde la oposición, la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, reiteró su rechazo a una ley de indulto general para personas condenadas por violaciones a los derechos humanos, argumentando que contraviene obligaciones y tratados internacionales suscritos por Chile.
El debate también complica al gobierno de José Antonio Kast. Aunque La Moneda ha marcado distancia de un perdón general y ha insistido en evaluar casos particulares, la discusión ya desencadenó presiones y críticas desde diversos sectores políticos.
