El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una demanda civil para recuperar cerca de $105 millones que habrían sido sustraídos al Congreso Nacional mediante supuestas asesorías ficticias vinculadas al senador Miguel Ángel Calisto (Ind.-Demócratas). La acción, ingresada por el procurador fiscal Paulo Gómez, se suma a las diligencias penales que ya pesan sobre el parlamentario.
El CDE busca restituir los pagos realizados entre 2018 y 2022 a Carla Graf, contratada como asesora de Calisto, pese a que, según la demanda, no habría ejecutado las labores comprometidas. El organismo afirma que, en ese periodo, Calisto se habría concertado con Roland Cárcamo y la propia Graf para defraudar al Fisco en perjuicio del Congreso, generando un perjuicio de al menos $105.554.697.
De acuerdo con la presentación, Calisto gestionó la contratación de Graf ante la Cámara, aun cuando supuestamente sabía que no cumpliría las funciones. En paralelo, el CDE sostiene que Cárcamo continuó realizando asesorías políticas para el senador, mientras Graf figuraba formalmente como asesora y percibía los pagos fiscales.
El organismo plantea que estos contratos configuraron un mecanismo para obtener recursos públicos con fines ajenos al servicio, beneficiando a los involucrados u otras personas. Esta acción se presenta tras la acusación formulada por la Fiscalía el 25 de junio y la solicitud de desafuero del congresista. Previamente, el CDE ya había interpuesto una querella criminal contra Calisto, Graf, Cárcamo y otros, por presuntas maniobras destinadas a desviar asignaciones parlamentarias.
La demanda también apunta a recuperar más de $25 millones del Gobierno Regional de Aysén, montos que habrían favorecido a Roland Cárcamo, su hermana Natalia Cárcamo y Carla Graf. Según el CDE, los imputados accedieron a recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a través de tres proyectos adjudicados a la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud de Aysén, donde Cárcamo ejercía como dirigente. Si bien los fondos fueron transferidos, las iniciativas no se habrían materializado.
Los proyectos cuestionados son: “Formando monitoras por la igualdad de género” por $10 millones; “Conversatorios no más violencia” por $5.998.000; y “Ambientes laborales más seguros” por $10 millones. En total, el CDE busca la restitución de más de $131 millones, considerando tanto los recursos del Congreso Nacional como los del GORE de Aysén.
