La controversia en torno al proyecto BioCircular Los Laureles, una planta de biogás que la empresa Genera 4 SpA busca instalar en el sector de Pichil, volvió a la agenda pública luego de que el consejero regional por la provincia de Osorno, Alexis Casanova, solicitara en el último pleno del Consejo Regional oficiar a la Superintendencia del Medio Ambiente para revisar la iniciativa, cuyas faenas se proyectan para los próximos meses.
La planta ingresó a evaluación ambiental en 2023 y obtuvo en febrero de 2024 una Resolución de Calificación Ambiental favorable mediante una Declaración de Impacto Ambiental. Sin embargo, desde hace años enfrenta la oposición de residentes del sector, quienes sostienen que el proyecto debió ser evaluado mediante un Estudio de Impacto Ambiental, dada la magnitud de sus eventuales efectos en una zona ubicada a 14 kilómetros del radio urbano de Osorno.
En su intervención, Casanova reiteró esa crítica, señalando que un estudio habría permitido un análisis más exhaustivo de los impactos y una participación ciudadana más robusta. Advirtió que la instalación afectaría a un territorio que, a su juicio, ya se ha convertido en “zona de sacrificio” por los persistentes problemas sanitarios en Pichil.
El Consejo Regional aprobó por unanimidad oficiar a la Superintendencia del Medio Ambiente, por lo que se espera un pronunciamiento del organismo fiscalizador en un plazo estimado de 15 a 20 días. El consejero agregó que las emisiones propias de la operación, en particular de sulfuro de hidrógeno, podrían incidir en la salud de los vecinos ante exposiciones prolongadas.
Casanova acusó a servicios y autoridades ambientales de incurrir en un doble estándar al abordar la contaminación y sus efectos en la comunidad. Cuestionó que el proyecto haya sido evaluado mediante una declaración y no a través de un estudio, afirmando que esta decisión ha generado perjuicios en Pichil. Recordó que el año pasado presentó recursos de protección ante la Corte de Apelaciones, los que fueron rechazados, y recalcó la necesidad de un mayor compromiso estatal con la salud de las personas.
La solicitud al organismo fiscalizador se conoció pocos días después de una reunión convocada por la Agrupación Ruta U-55, con participación de parlamentarios, autoridades regionales, el alcalde de Osorno, concejales y representantes de Vialidad. En esa cita, dirigentes y asesores técnicos insistieron en que el proyecto presenta riesgos que no habrían sido evaluados de manera suficiente.
Entre las preocupaciones expuestas figuran la eventual generación de olores por el proceso de biodigestión, riesgos en el manejo de metano y sulfuro de hidrógeno, la proximidad al estero Pichil, impactos en el tránsito desde Osorno y en las rutas hacia Puerto Octay y Río Negro, y posibles afectaciones a la cuenca del río Rahue ante eventuales contingencias operacionales.
Asimismo, plantean que la iniciativa sería incompatible con las proyecciones de crecimiento urbano de Pichil y Cancura contempladas en el futuro Plan Regulador de Osorno. Los dirigentes mantienen un recurso de casación pendiente ante la Corte Suprema y confían en que la coordinación entre parlamentarios, autoridades regionales y equipos jurídicos permita exigir que el proyecto se someta a un Estudio de Impacto Ambiental antes de su construcción.
La empresa fue contactada para entregar una vocería respecto de las inquietudes de la comunidad; hasta el cierre de esta nota, no había emitido declaraciones.
