Estados Unidos confirmó este miércoles la imposición de un arancel del 25% a determinados productos brasileños, una medida instruida por el presidente Donald Trump tras concluir una investigación comercial abierta hace un año bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la decisión y afirmó que responde a la falta de “buena fe” del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en las negociaciones con Washington. Señaló que Trump ordenó a la Oficina del Representante de Comercio (USTR) aplicar los gravámenes y sostuvo que la postura de Lula, guiada por “su propio ego”, impidió un acuerdo beneficioso para Brasil. Añadió que las políticas económicas del mandatario brasileño perjudican tanto a estadounidenses como a brasileños y responsabilizó a Brasil por el fracaso de un entendimiento comercial.
El embajador y representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, indicó que los nuevos aranceles buscan proteger los intereses económicos del país ante prácticas que considera desleales. Explicó que un año de conversaciones con Brasil no logró cerrar brechas, aunque mantuvo abierta la opción de seguir dialogando. Acusó además a Brasil de afectar a empresas tecnológicas estadounidenses, retroceder en medidas anticorrupción y permitir ventajas indebidas a agricultores mediante uso de tierras deforestadas ilegalmente, lo que, a su juicio, dificulta el acceso de trabajadores y exportadores de EE.UU. al mercado brasileño.
La investigación incluyó consultas formales con el Gobierno brasileño, dos audiencias públicas y el análisis de más de 360 comentarios escritos de particulares y organizaciones. En las audiencias realizadas este mes declararon 77 testigos antes de que la Administración Trump adoptara la decisión final.
Brasil activa su ley de reciprocidad ante los aranceles de EE.UU.
En respuesta, el Gobierno de Brasil anunció que iniciará de inmediato los procedimientos para aplicar la ley de reciprocidad frente al arancel del 25% impuesto por Estados Unidos. La Presidencia calificó el 15 de julio de 2026 como “un hito lamentable” en la relación bilateral y rechazó la decisión de Washington basada en la Sección 301. Sostuvo que no hay fundamento para medidas unilaterales contra Brasil y subrayó que, según datos del propio Gobierno estadounidense, en los últimos 15 años Estados Unidos acumuló un superávit de 424.500 millones de dólares en el comercio bilateral.
El Ejecutivo brasileño adelantó que activará los mecanismos previstos en su legislación y que llevará nuevamente el caso al sistema de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Recordó que la USTR concluyó su investigación calificando de “irrazonables” varias políticas brasileñas que restringirían el comercio de EE.UU., entre ellas el sistema de pagos PIX, la aplicación de normas anticorrupción, la protección de la propiedad intelectual, el acceso al mercado de etanol y la deforestación ilegal. Brasil respondió que no reconoce la legitimidad de indagaciones fuera de las reglas multilaterales y precisó que en 2025 el 76% de las importaciones estadounidenses ingresaron a su mercado sin aranceles, con un gravamen efectivo promedio de apenas 3,1%.
El Gobierno de Lula afirmó que nunca abandonó la mesa de negociación durante el último año y que presentó pruebas para rebatir las acusaciones de prácticas desleales. Defendió el sistema PIX y su regulación de plataformas digitales, asegurando que no renunciará a proteger a las familias y a los menores frente a intereses de grandes empresas tecnológicas.
Brasilia también atribuyó el “tarifazo” a maniobras de la familia Bolsonaro a pocos meses de las elecciones, en las que Lula se mediría con el senador Flávio Bolsonaro. Señaló que el desenlace de la investigación bajo la Sección 301 se enmarca en un relato impulsado con la colaboración activa de ese núcleo político, al que calificó de “falsos patriotas” que promovieron acciones contra el país por fines electorales.
El texto oficial recordó que Jair Bolsonaro cumple arresto domiciliario tras ser condenado a 27 años por intento de golpe de Estado contra Lula. Mencionó además la reciente condena de Eduardo Bolsonaro a cuatro años de prisión en régimen inicial semiabierto por impulsar desde EE.UU. sanciones contra Brasil para interferir en el juicio a su padre. Añadió que Flávio Bolsonaro envió una carta a la Administración Trump para solicitar que los aranceles se postergaran hasta después de los comicios por temor a que favorecieran electoralmente a Lula.
“El amor a Brasil no puede depender del resultado electoral. Defender la soberanía nacional está por encima de cualquier partido o corriente. El Gobierno brasileño no vacilará en cumplir con ese deber”, concluyó la Presidencia.
