Casi como una pausa en medio del intenso impacto del sistema frontal que aún afecta al país, la Ley de Reconstrucción Nacional —conocida como megarreforma— enfrenta lo que podría ser su última etapa: con 78 votos en la Cámara de Diputadas y Diputados, podría convertirse en ley este martes.
Aunque el proyecto llega con múltiples modificaciones, mantiene elementos centrales: integra el sistema tributario y habilita que propietarios de grandes empresas reduzcan su carga de impuestos personales.
La propuesta baja el impuesto corporativo, contempla incentivos para repatriar capitales y fija una exención total de contribuciones para todos los mayores de 65 años, incluso en inmuebles que superen los 600 millones de pesos.
Además, abre un lapso de 12 meses en que el impuesto a la herencia se reduce a la mitad, y dispone que el Estado devuelva recursos a proyectos cuya Resolución de Calificación Ambiental haya sido rechazada.
En el Ejecutivo y sus aliados existe plena confianza en que estas medidas impulsarán la inversión, el empleo y el crecimiento, pese a que implican una merma fiscal superior a los 4 mil millones de dólares anuales, al menos hasta 2031.
Megarreforma afronta su fase final en la Cámara
El oficialismo arriba con buenas expectativas a la votación de este martes. Así lo señaló la diputada republicana, Javiera Rodríguez, quien subrayó que la iniciativa ya ha tenido múltiples revisiones y no puede seguir dilatándose.
Desde la oposición, han intentado instalar que el gobierno no cumplió su entendimiento con el Partido de la Gente (PDG). El emblema de ese partido —un bono equivalente al IVA para medicamentos y pañales— no avanzó como esperaban: mientras la megarreforma está a punto de promulgarse, esa moción aún no supera su primera comisión.
El diputado del Frente Amplio e integrante de la comisión de Hacienda, Jorge Brito, recriminó a La Moneda por dichos incumplimientos.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llegó fortalecido a la discusión, pero en el Senado sufrió cuatro derrotas impulsadas por la oposición.
La primera fue la incorporación del llamado “olvido financiero”, que obliga a las instituciones a eliminar registros de deudas impagas de personas naturales una vez extinguidas. También se aprobó asegurar el pago a las pymes en un plazo máximo de 30 días. Ambas disposiciones deberán ratificarse o enviarse a comisión mixta en la sesión del martes.
Lo más delicado es lo ya respaldado por ambas Cámaras: el Ejecutivo tiene prácticamente resuelto ingresar un veto supresivo contra el anatocismo, evitando acudir al Tribunal Constitucional por el riesgo de mayor incertidumbre.
¿De qué se trata? Es el cobro de intereses sobre intereses en una deuda. El presidente de la comisión de Hacienda, el republicano Agustín Romero, argumentó por qué, a juicio del gobierno y su sector, esa figura debe eliminarse.
Según esa mirada, quienes terminan asumiendo el costo no son los grandes conglomerados, sino trabajadores por cuenta propia y emprendedores.
Según confirmaron a Radio Bío Bío, este lunes el Ejecutivo ingresará con urgencia a la Sala el proyecto del PDG, como gesto político para asegurar sus votos.
En paralelo, la oposición presentará al menos dos requerimientos ante el Tribunal Constitucional durante la semana. Todo apunta a que el veto ingresará, lo que podría prolongar el trámite legislativo hasta, por lo menos, el jueves.
