El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que su gobierno no permitirá la realización de elecciones, con el argumento de evitar poner en riesgo el dominio del oficialismo.
En su discurso, el exguerrillero sandinista de 80 años acusó a la oposición de buscar el poder mediante comicios para beneficiarse económicamente. “Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, expresó durante un acto en Managua por el 47 aniversario de la revolución sandinista.
Ortega agregó que trabajará junto a la Asamblea Nacional y otras instancias para impulsar leyes que “levanten un muro” contra quienes calificó de golpistas y “vendepatrias”, asegurando que, aunque reciban apoyo económico de Estados Unidos, “no podrán”.
AHORA – El momento en que el régimen de Daniel Ortega anuncia que en Nicaragua no habrá más elecciones, con el fin de evitar que la oposición llegue al poder. pic.twitter.com/poqz9jIJ3g
— CHTV HONDURAS (@ChtvH3124) July 20, 2026
El país es gobernado por Ortega desde 2007, mientras que su esposa, Rosario Murillo, funge como “co-presidenta” desde 2017 tras una reforma constitucional.
Diversos sectores, incluido el Episcopado nicaragüense —con el que el Ejecutivo mantiene fuertes fricciones—, sostienen que el líder sandinista busca perpetuarse en el poder, concentrarlo en un círculo reducido —principalmente familiar—, ejercer control social a través de estructuras partidarias y avanzar en la militarización del Estado.
En marzo, un grupo especial de la ONU acusó al Gobierno de Ortega de desviar recursos públicos para sostener la represión contra la oposición dentro y fuera del país, mediante una “red transnacional” de vigilancia e inteligencia.
“La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para asegurar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen”, declaró Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua.
Con base en decenas de entrevistas y amplia documentación, ese informe concluye que desde 2018 —cuando estallaron protestas estudiantiles reprimidas con violencia— se han desviado fondos públicos para costear la represión, incluyendo partidas para asistencia social y proyectos de limpieza.
Cabe recordar que en febrero de 2025 entró en vigor una reforma constitucional que reconfiguró el Estado, eliminó los contrapesos y otorgó plenos poderes a Ortega y Murillo.
La enmienda, duramente cuestionada por la ONU, la OEA, Estados Unidos, el Parlamento Europeo y la oposición, extendió el mandato presidencial de cinco a seis años y dispuso que el Ejecutivo “coordine” a los demás órganos del Estado.
Así, aunque Nicaragua debía celebrar elecciones en noviembre de 2026, en teoría estas se postergarían a noviembre de 2027 por la ampliación del periodo presidencial.
