El Gobierno dio marcha atrás y retiró la propuesta que permitía juzgar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años por delitos de máxima gravedad —como homicidios o secuestros—, y optó por mantener otras indicaciones destinadas a endurecer la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
La determinación abrió críticas en el oficialismo, en pleno debate sobre cómo abordar el incremento de la delincuencia juvenil.
El vicepresidente del Partido Nacional Libertario y subjefe de bancada, Hans Marowski, acusó al Ejecutivo de ceder en materia de seguridad y advirtió que su colectividad no apoyará el proyecto si se suprime una herramienta que, a su entender, era clave para enfrentar al crimen organizado.
Las críticas se replicaron en la UDI. El diputado Jaime Coloma consideró “incomprensible” que el Ministerio de Justicia abandonara una idea que había respaldado semanas atrás.
Según el parlamentario, las bandas criminales captan menores justamente porque las sanciones son más leves, por lo que anticipó que su bancada votará en contra de la iniciativa durante la tramitación.
Las objeciones no solo provinieron del bloque de Gobierno.
Desde la oposición, el diputado del PPD José Montalva también calificó como un desacierto retirar del debate la opción de juzgar como adultos a adolescentes involucrados en delitos especialmente graves.
Con todo, recalcó que la discusión debe superar el mero aumento de penas y emplazó a reforzar las políticas de reinserción, sosteniendo que un enfoque integral es más efectivo para reducir la reincidencia.
Las nuevas indicaciones presentadas por el Ejecutivo seguirán su tramitación en el Congreso. Mientras el oficialismo ya adelantó que intentará reponer la norma retirada, el Gobierno apuesta por fortalecer el régimen de responsabilidad penal adolescente sin incorporar el mecanismo que permitía juzgar como adultos a menores de edad.
