Este viernes, el Gobierno de Venezuela, encabezado de forma interina por Delcy Rodríguez, informó oficialmente al secretario general de la ONU, António Guterres, su decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el proceso de salida “definitiva” de la Corte Penal Internacional (CPI).
En un comunicado, el canciller Félix Plasencia González afirmó que, a juicio de su país, la CPI actúa con “un sesgo geográfico demostrado”, enfocando de manera desproporcionada sus acciones en naciones de África y América Latina, “en detrimento del Sur Global”.
“Este patrón evidencia una justicia internacional que, en lugar de operar con imparcialidad, ha sido utilizada para profundizar desigualdades y desconocer el derecho de los pueblos a la autodeterminación y la soberanía”, señaló.
Según el ministro, “este sesgo no es una casualidad procesal, sino el síntoma de una institución que ha puesto sus herramientas al servicio de intereses ajenos a la justicia y a las poblaciones que afirma proteger”.
Plasencia añadió que, por estas razones, el Ejecutivo rechaza “esta dimensión de lawfare” que, en su opinión, “mantiene la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las brechas que la justicia internacional debería subsanar”.
Por instrucciones de la presidenta encargada @delcyrodriguezv, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU,@antonioguterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127.
Venezuela…
— Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) July 24, 2026
“Ratificamos nuestro compromiso con una justicia verdaderamente equitativa, que respete la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, concluyó.
El Estatuto de Roma, vigente desde el 1 de julio de 2002, define la competencia de la CPI sobre los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, tras una enmienda aprobada en 2010, el crimen de agresión.
Además de la jurisdicción, el tratado regula aspectos como la admisibilidad y la normativa aplicable, la integración y gestión de la Corte, así como los procesos de investigación, enjuiciamiento, penas, apelaciones, cooperación internacional y asistencia judicial.
En diciembre de 2025, la Fiscalía de la CPI anunció el cierre de su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” en la cooperación del entonces gobierno de Nicolás Maduro.
El fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang explicó entonces que, pese al “compromiso sostenido” con las autoridades venezolanas, la evaluación de la CPI fue que “el progreso real sigue siendo un reto”.
“Conscientes de la necesidad de administrar eficientemente nuestros recursos limitados, hemos optado por cerrar la oficina en Caracas”, dijo Niang durante la 24ª Asamblea de Estados Parte.
La CPI había abierto esa sede en 2024 para apoyar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En respuesta, el gobierno venezolano señaló entonces que fue el primer país del continente en ratificar el Estatuto de Roma y que, desde ese momento, mantuvo “un firme compromiso con el sistema de la Corte Penal Internacional”.
Añadió que Venezuela ha interactuado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a su entender, “no encaja en los supuestos del Estatuto de Roma y busca satisfacer una agenda anti Venezuela promovida por centros hegemónicos”.
“El país no ha cometido delitos de lesa humanidad”, insistió en un comunicado, pese a las denuncias realizadas por instancias de la ONU.
