El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, alerta que Chile ya no es solo una escala para el narcotráfico: también consume y produce drogas, en un contexto de expansión del crimen organizado. A su entender, el alza en las incautaciones se explica por una mayor capacidad investigativa y por el rediseño de las rutas, con organizaciones internacionales buscando operar en el país e incluso montar laboratorios para drogas sintéticas.
En diálogo con BBCL, advierte que el mayor peligro del crimen organizado es su poder de corromper al Estado. “El narcotráfico no solo compra droga, también compra voluntades”, sostiene, remarcando que la corrupción es su primera inversión. Por eso insiste en que “seguir el dinero del crimen organizado no es una metáfora”, sino la vía más directa para detectar a quienes facilitan o resguardan estas redes.
Castro Bekios indica que la evidencia internacional muestra que una organización criminal difícilmente se sostiene sin funcionarios corruptos detrás. Por ello, la Fiscalía mantiene indagatorias reservadas sobre posibles hechos de corrupción vinculados al crimen organizado, para no exponer estrategias ni alertar a las bandas sobre las técnicas del Ministerio Público.
Concluye que no basta con quitar cargamentos: Antofagasta, dice, es hoy la principal línea de defensa del Pacífico Sur y el reto real es desmantelar el negocio, cerrando el lavado de activos, golpeando sus finanzas y cortando los nexos de corrupción que las mantienen en pie.
Chile: país de tránsito, consumidor y productor de drogas
—Desde su llegada a la Fiscalía Regional en octubre de 2023, ¿cuánta droga se ha incautado?
Al asumir, implementó cambios operativos apoyado en su experiencia en drogas y crimen organizado. Conociendo la frontera con Bolivia, percibía que el flujo real superaba lo detectado. Junto a Carabineros ajustó la forma de trabajo y, con la instalación del sistema de bitácora web para turnos macrozonales, fijó que las incautaciones relevantes fueran dirigidas por un fiscal especializado de turno. Así, ante hallazgos significativos, la policía contacta de inmediato a ese fiscal para ordenar diligencias como entregas controladas, ubicar proveedores y destinatarios, y allanar inmuebles, acciones que requieren inmediatez y que antes no siempre se ejecutaban.
Con ese modelo, al 15 de julio se contabilizan 117 toneladas, 111 kilos y 20 gramos desde octubre de 2023. En 2026, hasta el 15 de julio, van 51 toneladas y 551 kilos. Frente al total de 2025 (38 toneladas y 942 kilos), la región ya superó en medio año el récord previo. Comparando 15 de julio de 2025 con la misma fecha de 2026, se incautó 3,7 veces más, un incremento de 268%.
—¿Qué sustancias predominan?
En el periodo, la cannabis concentra el 85,3% de las incautaciones. Además, se registra un aumento de 334% en cocaína respecto del año anterior, un alza de 60% en clorhidrato de cocaína y un preocupante incremento de 194% en ketamina. Las drogas de síntesis, por su economía de escala y menor volumen de transporte, resultan muy atractivas para las organizaciones. La ketamina, por ejemplo, permite múltiples dosis por gramo y su expansión podría estar desplazando parcialmente el consumo de pasta base, coherente con encuestas de Senda, especialmente en marihuana.
—¿Por qué tanta marihuana?
Porque Chile figura entre los países con mayor consumo per cápita de cannabis. La alta demanda interna y el cambio de estrategia con policías y otros organismos explican el volumen incautado: no solo entra más, también se está detectando mejor, gracias a la coordinación interinstitucional.
—Antes se decía que Chile era usado para “blanquear” ruta. ¿Sigue siendo así o también es consumidor y productor?
Ya no es solo tránsito. A la amplia franja marítima que facilita la exportación hacia otros mercados se suma un fuerte consumo interno de marihuana y clorhidrato de cocaína, además del ingreso de sintéticas como la ketamina. Y hay producción local: a focos históricos en la RM, O’Higgins y Maule, se agrega con fuerza la región de Coquimbo, especialmente el Valle del Limarí en zonas cordilleranas, donde se han detectado grandes plantaciones. También cambió el riesgo: antes los cuidadores huían ante operativos; hoy hay vigilantes armados, incluidos extranjeros, y se han registrado enfrentamientos.
—¿Algún caso que lo ejemplifique?
Relató una operación del OS7 en enero de 2025 que desbarató una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, llegada en 2024 para ingresar metanfetamina en etapa intermedia oculta en tinajas de pintura. La meta no era solo transitar: montaron un laboratorio de cristalización —previsto para Antofagasta, finalmente instalado en una parcela de Lolol por razones logísticas tras arribar la carga a Valparaíso—. La irrupción se produjo durante el proceso final, con 843 kilos incautados y dos detenidos mexicanos presuntamente vinculados al CJNG. No sería el único intento de organizaciones mexicanas por replicar este modelo.
—¿Por qué sucede?
Por la presión en el hemisferio norte y el Caribe —como Operación Lanza del Sur, la captura de Maduro y caídas de líderes— que dificulta rutas a Europa. Las bandas buscan alternativas hacia el Cono Sur y, para acceder con rapidez a Oceanía o Asia, los puertos del Pacífico —incluidos chilenos— se vuelven estratégicos.
—Entonces, ¿Chile es tránsito, consumidor y productor?
Sí. Tránsito, consumidor y productor, en este último caso sin una gran escala, pero con un aumento notorio de cannabis por la incorporación de una región completa.
—Sobre fronteras y puertos, ¿hay inversión suficiente?
Como encargado del Norte Grande —de Antofagasta a Coquimbo— señala que se requiere más capacidad, especialmente tecnológica, y mayor dotación en servicios como Aduanas y la Armada. Estima bajo el 3% de fiscalización de cargas en puertos críticos, más aún por la mezcla de contenedores y granel, y por el alto movimiento de recaladas en Antofagasta, equiparable a San Antonio, con capacidades de control muy dispares. Pide más escáneres, tecnología y personal, particularmente en Directemar/Policía Marítima, hoy concentrada en Iquique y Valparaíso, dejando menos cubierta la zona intermedia.
—¿Y sobre contrabando y medidas como la zanja?
Prefiere hablar de “medidas contramovilidad”: zanjas, montículos, estructuras de hormigón y vigilancia tecnológica, combinadas con control y fiscalización. En conjunto, afirma, han mostrado efectos medibles, con vehículos obligados a retroceder en pasos usados ilegalmente. El enfoque integral sería clave.
Corrupción, crimen organizado y otros
—Un general (r) planteó que el crimen organizado permeó al Estado. ¿Comparte?
Insiste en que crimen organizado y corrupción son inseparables: el narco compra voluntades y la corrupción es su primer objetivo, por lo que también debe ser el primero de la persecución.
Con metodologías de valorización del OS7, estima que las incautaciones del periodo bordearon los 800 millones de dólares (742 mil millones de pesos). Un caudal así no se destina a un solo soborno, advierte; de ahí que “seguir el dinero” sea la ruta preferente para identificar a quienes amparan a los narcos.
Añade que la experiencia global indica que, sin algún funcionario corrompido, una banda tiene fecha de caducidad. Por eso, trabajan en causas de corrupción de toda naturaleza con máxima reserva, para no exponer tácticas como ocurrió con las escuchas telefónicas, hoy poco útiles por su sobreexposición.
—Sobre amenazas a fiscales, ¿le han afectado?
Reconoce haber recibido amenazas, algo esperable en la persecución del crimen organizado en Latinoamérica. Asegura que la Fiscalía cuenta con protocolos y una unidad especializada que evalúa riesgos y dispone medidas de protección, lo que también se aplicó en su caso.
—¿Su visión sobre fiscales que dan el salto a la política, como la exfiscal y exministra Trinidad Steinert?
Declina opinar y reafirma su total prescindencia política por la naturaleza de sus casos y asignaciones.
—Tras la renuncia de Eduardo Ríos, quien denunció persecución y espionaje interno, ¿hubo tratamiento de esas acusaciones?
Señala que todo fue abordado mediante los mecanismos legales y reglamentarios del Ministerio Público y, por norma, no puede profundizar.
La llegada de la exalcaldesa Karen Rojo a Chile
—¿Cómo evalúa su retorno al país?
Resalta que, pese al tiempo y la distancia, las sentencias se cumplen y la cooperación internacional funciona. No siempre es rápida, admite, pero logró la extradición de una exalcaldesa que huyó a Países Bajos y hoy cumple condena en Chile.
—En 2022, cuando la Corte Suprema confirmó su condena, no tenía cautelares y pudo fugarse. ¿Se corrigieron procesos?
Aunque ocurrió antes de su gestión, instruyó que, ante veredictos con penas de crimen probables, se soliciten o agraven medidas cautelares para asegurar la comparecencia, sin importar si el juicio es presencial o telemático. Recuerda además que el caso se dio en pandemia, con audiencias remotas, lo que pudo incidir. Desde su administración, afirma, se adoptaron medidas para evitar repeticiones.
