El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, sostiene que Chile ya no es solo un punto de paso en el tráfico de drogas: también consume y produce, en un contexto de expansión del crimen organizado. Atribuye el alza de incautaciones tanto a mejores capacidades investigativas como a la reconfiguración de rutas, con redes internacionales que buscan asentarse en el país e incluso montar laboratorios para drogas sintéticas.
En diálogo con BBCL, advierte que el principal peligro del crimen organizado es su poder de corromper al Estado. “El narcotráfico no solo compra droga, también compra voluntades”, afirma, subrayando que la corrupción es su primera inversión. Por eso, “seguir el dinero” no es una figura retórica, sino la forma más directa de dar con quienes habilitan o resguardan sus operaciones.
Castro Bekios indica que la experiencia comparada muestra que una organización criminal rara vez opera sin respaldo de funcionarios corruptos. En esa línea, la Fiscalía lleva causas reservadas por posibles hechos de corrupción vinculados al crimen organizado, con el fin de resguardar las tácticas de investigación y no alertar a las bandas.
El persecutor recalca que combatir el narcotráfico no se agota en quitar cargamentos. Asegura que Antofagasta es hoy la primera línea de defensa del Pacífico Sur y que la meta real es desmantelar el negocio: cerrar rutas de lavado, golpear sus finanzas y cortar los lazos corruptos que lo sostienen.
Chile: país de tránsito, consumidor y productor de drogas
—Desde su llegada a la Fiscalía Regional en octubre de 2023, ¿cuánta droga se ha incautado?
Al asumir, reordenó procedimientos con foco en drogas y crimen organizado. Implementó un turno macrozonal con bitácora web y dispuso que incautaciones relevantes fueran dirigidas por un fiscal de turno especializado, para activar diligencias inmediatas como entregas controladas, identificar proveedores y destinatarios y allanar inmuebles. Con ese ajuste, al 15 de julio se registran 117 toneladas, 111 kilos y 20 gramos desde octubre de 2023. Solo este año, a esa fecha, van 51 toneladas y 551 kilos. Comparado con todo 2025 (38 toneladas y 942 kilos), en poco más de medio año ya se superó el récord previo. Medido a igual fecha, el incremento es de 268%, 3,7 veces más que el año anterior.
—¿Qué droga predomina?
En el periodo, el 85,3% corresponde a cannabis. Observa factores como la cercanía con Bolivia, que además de cocaína también produce marihuana. Las incautaciones de cocaína base subieron 334% y el clorhidrato, 60%. Le inquieta especialmente el avance de las sintéticas: en Antofagasta, la ketamina incautada aumentó 194%. Explica que su producción depende de precursores químicos, abarata costos y ocupa menos volumen, lo que la vuelve más rentable. Apunta que su masificación podría estar desplazando el consumo de pasta base, algo que se refleja en decomisos y en encuestas de Senda.
—¿Por qué tanta marihuana?
Chile figura entre los cinco países con mayor consumo per cápita de cannabis, lo que eleva la demanda anual. El alza en decomisos obedece a esa demanda y a un cambio de estrategia con policías y otros organismos, que ha potenciado los resultados. Además, se han detectado cultivos relevantes, especialmente en la región de Coquimbo, en el Valle del Limarí y zonas cordilleranas, donde hoy hay cuidadores armados, incluso extranjeros, y se han producido enfrentamientos, un cambio respecto de años anteriores.
—¿Sigue Chile siendo solo ruta de paso?
No. Además de ser corredor por su extensa franja marítima, es país consumidor de cannabis y cocaína, y está recibiendo drogas de síntesis como la ketamina. También hay producción interna: a los cultivos históricos en la zona central se suma con fuerza Coquimbo.
—¿Un caso que lo ilustre?
En enero de 2025, junto al OS7, se detectó una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que ingresó metanfetamina en estado intermedio oculta en tinajas de pintura. La finalidad no era solo transitar: montaron un laboratorio de cristalización —el tramo de mayor valor— que finalmente operó en una parcela de Lolol, donde irrumpieron y decomisaron 843 kilos, deteniendo a dos ciudadanos mexicanos. No sería el único intento de organizaciones mexicanas por instalar laboratorios en Chile.
—¿Qué explica ese movimiento?
Plantea un reacomodo geopolítico por la presión en el Caribe y el hemisferio norte —operaciones antinarcóticos de EE.UU., cambios en Venezuela y caídas de líderes criminales— que empuja a buscar nuevas rutas hacia Europa, Oceanía o Asia. En ese escenario, los puertos del Pacífico, incluidos los chilenos, ganan atractivo.
—Entonces, ¿Chile es tránsito, consumidor y productor?
Sí: corredor, mercado y productor —esto último no a gran escala—, con un incremento notorio de cultivos de marihuana tras incorporarse una región completa.
—Sobre fronteras y puertos, ¿falta inversión?
Como responsable de la macrozona marítima del Norte Grande —de Antofagasta a Coquimbo—, afirma que se requiere más capacidad tecnológica y humana: mejores escáneres y detección en Aduanas y mayor dotación en la Armada/Policía Marítima. Estima bajo el 3% de incautaciones respecto del total movilizado en puertos críticos. Advierte que medir solo por TEU invisibiliza riesgos: en recaladas, Antofagasta se acerca a San Antonio, pero con menores capacidades de control, especialmente en el megapuerto de Mejillones. Pide más tecnología y personal, destacando brechas por la concentración de la Policía Marítima en Iquique y Valparaíso.
—¿Y las medidas como la zanja ante el contrabando?
Prefiere hablar de “medidas de contramovilidad”: zanjas, montículos y estructuras de concreto combinadas con control y vigilancia tecnológica. Reporta casos donde dichas barreras han obligado a vehículos a retroceder, y valora el apoyo del Ejército en la frontera. Considera que, en conjunto, han mostrado eficacia.
Corrupción, crimen organizado y otros
—Ricardo Yáñez señaló que el crimen organizado ha permeado al Estado. ¿Coincide?
Insiste en el vínculo indisoluble entre crimen organizado y corrupción. Reitera que la corrupción es el primer objetivo a atacar y que “seguir el dinero” es la vía más corta para detectar quién protege al narco. Valora en aproximadamente 800 millones de dólares (742 mil millones de pesos) el valor de lo incautado en su periodo, montos que ilustran la capacidad corruptora de estas redes. Confirma investigaciones reservadas sobre corrupción para no exponer metodologías ni “matar la técnica”, como ocurrió con las escuchas telefónicas.
Señala que han trabajado causas por corrupción de funcionarios “de cualquier naturaleza” y que, por estrategia, han mantenido reserva para no revelar herramientas ni dar pistas a las organizaciones.
—¿Fue amenazado?
Reconoce haber recibido amenazas, un riesgo propio de investigar crimen organizado en la región. Señala que la Fiscalía cuenta con protocolos y una unidad especializada que evalúa y gestiona medidas de seguridad para los fiscales, incluida su situación particular.
—¿Qué opina del salto de fiscales a la política y del caso de Trinidad Steinert?
Responde que mantiene prescindencia total por la naturaleza de los casos y encargos del fiscal nacional.
—Tras la renuncia de Eduardo Ríos, quien denunció persecución y espionaje interno, ¿hubo acciones?
Indica que todo fue abordado por las vías legales y reglamentarias del Ministerio Público, sin más detalles por las limitaciones que impone la ley.
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—¿Cómo evalúa su retorno y cumplimiento de condena?
Destaca que, pese al tiempo y la distancia, en Chile las sentencias se ejecutan y que la cooperación internacional funciona, aunque no siempre con celeridad. Recuerda que se logró su extradición desde Países Bajos y hoy cumple condena.
—Ella pudo fugarse tras la confirmación de la Corte Suprema en 2022. ¿Se corrigieron esos procesos?
Aunque ocurrió antes de su gestión, señala que instruyó pedir o endurecer medidas cautelares cuando exista riesgo de pena de crimen al momento del veredicto, para asegurar la comparecencia. Agrega que la pandemia y la modalidad telemática pudieron incidir en lo sucedido, pero que hoy se aplican resguardos para evitar hechos similares.
