El Conservador de Bienes Raíces de Copiapó inscribió una prohibición que impide al abogado y juez partidor Juan Pablo Fuentes Díaz —acusado de quedarse con fondos provenientes de un remate— realizar actos o contratos respecto de un inmueble de su propiedad situado en el centro de la ciudad.
La medida se ejecutó en cumplimiento de una resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, que otorgó la precautoria y a la vez dejó sin efecto un fallo del 26º Juzgado Civil de Santiago que la había denegado.
Fue precisamente ante ese tribunal donde una mujer presentó una demanda civil contra el jurista para exigir el pago de más de $10 millones que, según sostiene, él mantiene impagos tras rematar un terreno en el sector El Zapallar, en Curicó.
Deshonesto y desleal
Como reportó la Unidad de Investigación de Bío Bío, los hechos también fueron expuestos en una denuncia administrativa ante la Corte de Apelaciones de Talca, en la que se califica la conducta del abogado como deshonesta y desleal.
Todo se remonta a junio de 2022, cuando el Primer Juzgado Civil de Curicó designó a Juan Pablo Fuentes Díaz como juez árbitro partidor en un juicio iniciado por la propietaria mayoritaria de una copropiedad, con el objetivo de subastarla.
Bajo las normas que rigen estos procedimientos, el profesional contaba con un plazo máximo de dos años para concluir el encargo y resolver la controversia entre las dos copropietarias de la parcela.
Tras meses de tramitación, el 30 de abril de 2024 se efectuó el remate del inmueble, que fue adjudicado por una sociedad agrícola local. Pocos días después, el rematante transfirió a la cuenta del juez partidor los $35,9 millones fijados como precio de venta.
No obstante, la dueña mayoritaria nunca recibió la totalidad de esos fondos. De acuerdo con la representación legal de la mujer, el abogado habría incurrido en “maniobras dilatorias, omisivas e ilegales” para postergar el pago.
“Estamos ante una cadena de actos y omisiones que impiden cumplir de forma leal, honesta y oportuna con el deber que como Juez le corresponde para resolver un conflicto jurídico, conductas que han derivado en el no pago ni devolución íntegra de los dineros”, afirmaron.
$30 millones como indemnización
Según la demanda ingresada al 26º Juzgado Civil de Santiago, Juan Pablo Fuentes Díaz mantiene a la fecha una deuda superior a $10 millones con la propietaria mayoritaria del predio rematado en 2022.
A la mujer le correspondían algo más de $24 millones, pero el profesional comenzó a pagar recién desde agosto de 2025, y solo de manera parcial, superando levemente los $13 millones.
Por ello, además de exigir el saldo adeudado, la demandante solicita una indemnización por perjuicios no inferior a $30 millones y que el demandado sea condenado en costas.
Con el objetivo de “asegurar el resultado del juicio”, la parte demandante solicitó la prohibición de celebrar actos y contratos respecto del inmueble que Fuentes Díaz mantiene inscrito a su nombre en la región de Atacama.
En términos prácticos, la precautoria dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago y materializada por el Conservador de Bienes Raíces de Copiapó impide al abogado vender, ceder, hipotecar o donar la propiedad mientras la prohibición esté vigente.
Pese a repetidos llamados, al igual que en ocasiones anteriores, Juan Pablo Fuentes Díaz —quien, según su perfil en LinkedIn, se desempeña como gerente general de la Cooperativa de Agricultores Curicó— no accedió a entregar su versión.
