La Fiscalía de Bolivia emitió este miércoles una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales (2006-2019), a quien acusa de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros ilícitos, por su presunta participación en las protestas y bloqueos de rutas ocurridos entre mayo y junio con el fin de forzar la salida del presidente Rodrigo Paz.
La disposición, firmada por el fiscal Brayan Melgar, le atribuye además atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
Evo Morales en Bolivia
Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron cortes de carreteras, sobre todo en el occidente y centro del país, con apoyo de sectores afines a Morales, para exigir como única demanda la renuncia del presidente Paz.
Los bloqueos derivaron en desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en distintas ciudades, dejaron al menos 16 fallecidos —13 de ellos vinculados a la falta de atención médica por la interrupción de vías— y generaron pérdidas económicas estimadas en más de 3.000 millones de dólares.
La denuncia fue presentada a inicios de julio por líderes cívicos de Santa Cruz, la región más poblada y principal motor económico del país, y luego fue respaldada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
En la causa también figuran el máximo dirigente de la COB, Marco Argollo, y el líder de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, quien se encuentra en detención preventiva desde el 6 de julio por otra pesquisa relacionada con estos hechos.
Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social,…
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 29, 2026
El exmandatario rechaza haber promovido la renuncia de Paz y afirma que las protestas buscaban respuestas del Gobierno a las demandas de los sectores movilizados. Sin embargo, el 24 de mayo escribió en X que el presidente tenía “dos caminos” ante la crisis: “militarizar” el país o convocar elecciones en 90 días.
Tras alcanzar acuerdos con actores como la COB, Paz decretó el 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, lo que dio paso al despliegue conjunto de Policía y Fuerzas Armadas para despejar las rutas y restablecer el tránsito.
Morales permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, protegido por centenares de seguidores para impedir la ejecución de una orden de captura por un proceso de trata agravada de personas.
En ese expediente, se le investiga por su presunta relación con una menor con la que supuestamente tuvo una hija en 2016, cuando era presidente.
En mayo, un tribunal de Tarija lo declaró en rebeldía y emitió una nueva orden de aprehensión por no asistir al inicio del juicio de ese caso. La Policía sostiene que aguarda el momento oportuno para ejecutar dicha orden.
