En los últimos días se intensificó la discusión sobre el destino, la rentabilidad y el desempeño de Codelco, la mayor empresa estatal del país.
Algunas voces en el Congreso —entre ellas el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella— han puesto sobre la mesa la opción de una eventual privatización, total o parcial, de la cuprífera.
Sus partidarios argumentan que la entrada de capitales privados podría elevar la eficiencia, apuntalar la inversión y enfrentar con mejores herramientas las presiones financieras y productivas en un escenario de creciente competencia global.
Desde el Gobierno, en cambio, han reiterado que la privatización no está en consideración y descartaron cualquier cambio en el carácter estatal de la compañía.
Con todo, el Ejecutivo abrió la puerta a revisar la venta de “bienes prescindibles” o activos ajenos al corazón del negocio, con el fin de robustecer las finanzas sin mermar el control público sobre uno de los principales pilares económicos del país.
¿Qué ganaría y perdería el Estado?
Para Álvaro García, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes (Uandes), una privatización podría aumentar la presión competitiva, recortar gastos y trasladar la deuda al nuevo dueño.
Así, dejaría de constituir un pasivo contingente para el erario.
El Fisco, añadió, seguiría percibiendo ingresos por royalty e impuestos a la renta. Sin embargo, perdería las utilidades de la compañía, especialmente valiosas en fases de altos precios del cobre.
En ese sentido, el Estado mantendría una parte de los flujos vinculados a Codelco; no obstante, renunciaría a las ganancias, que han sido claves en momentos de bonanza.
Como antecedente, recordó que entre 2003 y 2009 se acumularon activos financieros y se fortalecieron mecanismos de estabilización gracias a esos excedentes, lo que permitió enfrentar mejor periodos adversos.
“Codelco está lejos de ser una empresa en quiebra”
La propuesta del senador Squella reabrió el debate sobre el futuro de la minera estatal; y el Ejecutivo insistió en que no evalúa privatizar, limitando el análisis a eventuales enajenaciones de activos no esenciales.
El tema volvió a situar a la empresa bajo escrutinio y a discutir los efectos de una apertura a capital privado.
El decano de Economía de la Uandes recalcó que no existe una urgencia que obligue a una resolución inmediata.
“Codelco está muy lejos de ser una empresa que esté quebrada y que haya que tomar decisiones en este mismo momento de privatizar”, afirmó.
Con todo, advirtió que la estatal arrastra un endeudamiento elevado, menor producción y mayores costos, en parte por la menor ley de sus yacimientos.
Esa realidad también refleja una reinversión insuficiente.
García subrayó que por largos periodos Codelco transfirió el 100% de sus utilidades al Fisco, lo que mermó la capacidad para desarrollar nuevos yacimientos con mejores condiciones productivas.
