La expresidenta argentina Cristina Fernández presentó una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para impugnar la condena por corrupción que pesa en su contra, asegurando que su situación responde al “machismo estructural que todavía subsiste”.
En una carta abierta, la exmandataria señaló que recurre al organismo internacional guiada por un “profundo sentido cívico y respeto institucional” y por la “indignación” que le provocan las “ilegalidades” de las que afirma ser víctima.
“Lo hago convencida de que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es una conquista creada para momentos como este: cuando los mecanismos internos de un país dejan de proteger a las personas frente a los abusos de poder”, sostuvo.
Carta Abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.https://t.co/TlXxHOAgqr
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2026
El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 la condenó en la causa “Vialidad” a seis años de prisión —a cumplir en su domicilio— y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La investigación detectó anomalías en la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez durante las gestiones de Néstor Kirchner (2003-2007) y de la propia Fernández (2007-2015).
La sentencia quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó el recurso de la defensa y confirmó el fallo. confirmó la sentencia.
“Un machismo estructural que todavía subsiste”
En su escrito, Fernández calificó la inhabilitación perpetua como una forma de “proscripción” y la ubicó entre “las herramientas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo”.
“No hay tanques en las calles ni cierre del Congreso. Las instituciones siguen funcionando en apariencia. Pero, gradualmente, la soberanía popular es desplazada por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no competir políticamente”, afirmó.
Vinculó además su caso a su condición de mujer expresidenta, remarcando que “no es casualidad” ser la única exmandataria condenada por la Corte Suprema.
“Lo que he sufrido no puede leerse solo como una cadena de fallos errados. Se trata de graves violaciones a los derechos humanos, nacidas de un machismo estructural aún presente en sectores del sistema judicial argentino”, expresó.
“Durante años se intentó juzgarme no solo por mis actos, sino por mi condición de mujer, por ejercer el liderazgo con firmeza y por no convalidar los privilegios de quienes creyeron que el poder les pertenecía”, añadió.
“Cuando una mujer es perseguida con un nivel de violencia, estigmatización y arbitrariedad que desborda cualquier límite razonable, llegando incluso a incentivar un atentado contra su vida (como el 1 de septiembre de 2022), no se trata únicamente de una injusticia individual”, señaló.
Fernández concluyó que su caso refleja “un profundo machismo que persiste en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana”.
