La exministra de la Mujer, Antonia Orellana, cuestionó el proyecto presentado por el diputado republicano Agustín Romero que propone penas de cárcel para quienes vendan o faciliten Misotrol, fármaco usado para abortar. Además, reprochó la falta de pronunciamiento del Gobierno.
En conversación con T13, señaló que en Chile existe un serio problema con la comercialización irregular de medicamentos en general y recordó que ya hay una iniciativa legal en segundo trámite, con buen avance, que aborda este fenómeno en distintos productos. “Todos sabemos que, por ejemplo, se vende clonazepam en la feria”, apuntó.
A partir de ello, planteó la duda sobre por qué enfocarse específicamente en este fármaco y respondió que se debe a su uso en abortos.
En esa línea, advirtió que es riesgoso que el Ejecutivo guarde silencio, ya que es el actor con capacidad de equilibrar las propuestas parlamentarias mediante la definición de urgencias y la interlocución de la Segpres.
Respecto a la baja natalidad, sostuvo que esta se produjo cuando el aborto era ilegal y que las causales vigentes, que afectan a una proporción muy pequeña de mujeres, no inciden en esa tendencia.
Orellana también criticó el discurso de “batalla cultural” que han usado republicanos y libertarios. Lo consideró inquietante, pues —dijo— en una guerra hay un enemigo, y aunque ella apoya la legalización del aborto, no ve como adversarios a quienes se oponen: son compatriotas con posiciones distintas, no rivales en una contienda cultural.
Finalmente, apuntó al líder republicano Arturo Squella por insistir en ese enfoque en medio de la emergencia por el temporal, y remarcó que el país no se sostiene con guerras culturales.
