El Gobierno del presidente argentino, Javier Milei, decidió este miércoles retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el controvertido capítulo sobre la venta de tierras a personas y empresas extranjeras. La iniciativa general será debatida el jueves en el Senado, en medio de un extendido rechazo social.
“Se resolvió por consenso postergar el tratamiento del Capítulo III del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, referido al régimen de tierras rurales”, señaló a EFE un vocero del bloque que integran La Libertad Avanza y sus aliados en la Cámara Alta.
El mismo portavoz explicó que la decisión fue unánime entre los miembros del espacio con la intención de seguir afinando ese tramo del texto y procurar un mayor acuerdo político.
Aclaró además que no se trata de una supresión definitiva, sino de un aplazamiento para incorporar propuestas y mejorar su redacción antes de un eventual regreso al debate.
Pese a la exclusión temporal del capítulo de tierras, el Ejecutivo presentará este jueves ante el Senado el resto del paquete: modificaciones al régimen de expropiaciones, ajustes a la Ley de Manejo del Fuego y cambios en el Registro de la Propiedad Inmueble, entre otros puntos.
La determinación coincide con el llamado de diversos colectivos a manifestarse frente al Congreso, también el jueves, bajo la consigna “La patria no se vende”, en rechazo al proyecto.
El apartado retirado planteaba flexibilizar la normativa vigente sobre tierras rurales, reduciendo las restricciones a la adquisición por parte de capitales extranjeros.
#ÚLTIMAHORA | El Gobierno de Milei retira el polémico capítulo sobre tierras de la ley de propiedad privada. pic.twitter.com/jHvyqExSMq
— EFE Noticias (@EFEnoticias) August 5, 2026
Actualmente, la ley establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o municipal, y limita a 1.000 hectáreas la tenencia para un mismo titular extranjero en la zona agrícola núcleo del centro-este del país.
El capítulo en cuestión proponía inicialmente eliminar el tope del 15%; luego, frente al rechazo creciente, se barajó elevar el límite al 25% antes de que el Gobierno optara por retirarlo del debate.
El Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires advirtió que la propuesta “pone en riesgo el acceso del pueblo argentino a los bienes comunes” y “abre el territorio a una lógica de mercado sin resguardos suficientes”.
De acuerdo con ese Observatorio, en el país hay actualmente 13,2 millones de hectáreas —unos 132.000 kilómetros cuadrados— bajo control de propietarios extranjeros, una superficie comparable a la de Grecia o Nicaragua.
